¡Pensiones al garete en RD!

Escuché a una brillante abogada y comunicadora hablar sobre la corrupción y tráfico de influencias en el manejo y otorgación de pensiones en el Estado Dominicano.

Apoyo esa y otras denuncias que a diario se hacen sobre ese tema y expongo mi caso, como ejemplo: La Ley de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados Públicos de la República
Dominicana fue creada para proteger al servidor honesto después de toda una vida de servicio. Hoy esa ley está siendo violada en sus principios éticos y morales más básicos.

Prostituyeron la discrecionalidad del presidente. La facultad presidencial de otorgar una pensión especial a un ciudadano meritorio se convirtió en un relajo. Se reparten pensiones de lujo a allegados, mientras servidores públicos leales, capaces y honestos terminamos con una “pensión cebolla”: te hace llorar cada vez que la cobras porque no alcanza ni para las medicinas.

Mi caso lo confirma. Después de décadas sirviendo al Estado con lealtad y capacidad, mi pensión no refleja ni el costo de la vida. Por muchos esfuerzos y presión, exigí lo que manda la ley: la indexación.

¿Respuesta? Obstrucción

Denuncio públicamente:

1. Antoliano Peralta Romero, exasesor jurídico del presidente y hoy Ministro de Justicia RD, obstruyó aplicarme la indexación que por ley corresponde.

2. Juan Rosa, cuestionado director de Pensiones del Estado, mantiene el mismo patrón: dilatar, negar y cansar al servidor honesto hasta que desista o muera.

La pregunta es simple: ¿Para qué sirvió la lealtad? ¿Para qué sirvió no robar? ¿Para qué sirvió cumplir? Si el premio al servidor íntegro es una pensión de miseria, y el premio al allegado es una pensión VIP sin justificación, entonces el mensaje del Estado es criminal: “Corrompete que te irá mejor”.

Exijo al Presidente de la República:

1. Auditar todas las pensiones especiales otorgadas por discrecionalidad en los últimos 10 años. Que el pueblo sepa nombre, monto y mérito.

2. Aplicar indexación inmediata a todas las pensiones de servidores que cotizaron y sirvieron, como manda la Ley 379-81 y la Constitución.

3. Destituir a los funcionarios que obstruyen derechos adquiridos. Antoliano Peralta y Juan Rosa no pueden seguir castigando al servidor honesto.

La pensión no es un favor. Es un derecho. Y el relajo se acabó.

Plinio De Oleo
Servidor público en retiro