El punto de partida legal: 1961

Tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961, el Consejo de Estado emitió la Ley 588-61, del 20 de junio de 1961.

Esa ley declaró “bienes mal habidos” todo el patrimonio adquirido por Trujillo, su familia y testaferros durante la Era.

Se creó una Comisión Nacional de Bienes Incautados para inventariar y transferir al Estado dominicano centrales azucareros, bancos, navieras, hoteles, emisoras, fincas, ganado, edificios en Santo Domingo y Santiago, cuentas bancarias, entre otros bienes.

¿Quiénes se quedaron con los bienes?

La transferencia formal al Estado chocó con tres realidades:

A. Los “nuevos ricos” del postrujillato

Militares de alto rango entre 1961 y 1963, dirigentes de la Unión Cívica y partidos vinculados al Consejo de Estado, así como empresarios proveedores del régimen, comenzaron a ocupar espacios de poder económico.

B. Las privatizaciones de los años 80 y 90

Ingenios, hoteles y solares ex-Trujillo fueron vendidos o concesionados durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández. Ahí entra la élite empresarial dominicana.

C. La vía de los testaferros históricos

Familias que sirvieron de prestanombres en los años 50 legalizaron esas propiedades tras 1961 mediante prescripción y saneamiento. Hoy son holdings con apellidos conocidos.

Los “despilfarros” y robos de la democracia

Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

Manejó los ingenios ex-Trujillo hasta su desmantelamiento en los años 2000. Miles de tareas fueron vendidas a particulares sin licitaciones claras.

Hoteles y edificios

El Hotel Jaragua, el Embajador, Matum en Santiago, Maguana en San Juan y otros hoteles emblemáticos fueron transferidos vía arrendamientos, con tráfico político y operaciones cuestionadas, hasta terminar privatizados y en manos de inversionistas privados.

Tierras agrícolas

Fincas en el Este y el Noroeste, repartidas inicialmente como parte de la “reforma agraria”, terminaron en manos de políticos y militares retirados.

Bienes sin inventariar

Obras de arte, joyas y cuentas en Suiza y Panamá nunca fueron recuperadas totalmente.

¿Dónde está la verdad? Propuesta de investigación del autor

Propongo acudir a los archivos del AGN, del CEA y de Bienes Nacionales, así como entrevistar a personas conocedoras del tema para identificar dónde están hoy esas propiedades y en qué manos terminaron.

El camino es claro:

• Revisar el Archivo General de la Nación: fondo Comisión de Bienes Incautados, 1961-1965.

• Solicitar al CEA y a Bienes Nacionales el listado actual de propiedades que aún pertenecen al Estado y provienen de Trujillo.

• Cruzar con el Registro de Títulos las transferencias realizadas entre 1961 y 1980 de fincas, hoteles y solares que antes figuraban como propiedad de la “Presidencia” o de “Rafael L. Trujillo”.

El deber pendiente del Estado

Pero voy más lejos: cuando la República Dominicana adecente su vida institucional y moral, la PGR o un Congreso auténticamente representante del pueblo debería realizar una investigación y auditoría completa sobre los bienes de Trujillo.

La Ley 588-61 estableció que esos bienes pertenecían al pueblo dominicano. Sin embargo, 64 años después, y sin una auditoría pública transparente, gran parte terminó en manos privadas, mientras la pobreza sigue multiplicándose en RD: servicios públicos colapsados, salud deficiente, inseguridad, hambre, carencias, falta de viviendas, saneamiento ambiental precario, transporte y motoconcho caóticos, hacinamiento en las cárceles y miles de problemas que hacen cada vez más difícil la vida del pueblo dominicano.

Esa es la verdadera vergüenza nacional.