
Por Augusto Álvarez
La magia del dinero fácil, ese que entra por la derecha y sale por la izquierda, parece haberse instalado en Senasa. La contaminación no se quedó allí: alcanzó a varios galenos, salpicó al gremio médico —según han reconocido sus propios dirigentes— y terminó llegando hasta el Instituto Oncológico de Santiago.
Parecería que Senasa se embarazó de corrupción y que desde allí el virus se propagó hacia quienes estaban conectados directa o indirectamente con la institución.
La pregunta es inevitable: ¿podrán los médicos y sus estructuras gremiales salir airosos después de haber sido alcanzados por esta sombra de corrupción?
La bomba detonada en Senasa fue tan poderosa que sus esquirlas impactaron a profesionales considerados prestigiosos, algunos de los cuales cargarán durante mucho tiempo con el peso de las sospechas y el juicio de la opinión pública.
Porque cuando la corrupción toca instituciones llamadas a proteger la salud de la población, el daño trasciende lo económico: golpea la confianza ciudadana y pone en entredicho la credibilidad de todo un sistema.
La sociedad espera respuestas claras, investigaciones transparentes y sanciones ejemplares para quienes hayan utilizado recursos destinados a la salud en beneficio propio.
La medicina es una vocación de servicio, no un negocio para enriquecerse a costa de los enfermos. Por eso, cualquier señal de corrupción en el sector genera indignación y merece ser investigada hasta las últimas consecuencias.
Ahora corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y separar los hechos comprobados de las especulaciones. Lo que no puede permitirse es que el caso termine sepultado bajo el peso de la impunidad.
Si las acusaciones resultan ciertas, los responsables deberán responder ante la justicia. Y si no lo son, será necesario limpiar los nombres de quienes hayan sido injustamente señalados.
Lo ocurrido deja una lección dolorosa: la transparencia no puede ser una opción, sino una obligación permanente en todas las instituciones vinculadas a la salud pública.



