Entre la soberanía y el maltrato: ¿vamos por el camino de Trump?
Por Margarita de la Rosa
Toda nación tiene el derecho y el deber de establecer políticas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en su territorio. Ese principio no admite discusión. Sin embargo, ese derecho encuentra un límite innegociable: el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de toda persona, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
En los últimos años, numerosas denuncias provenientes de comunidades, organizaciones sociales, comunicadores y ciudadanos han despertado preocupación sobre la forma en que se están ejecutando algunos operativos migratorios en la República Dominicana. Más allá del objetivo legítimo de controlar la inmigración irregular, lo que inquieta es la percepción de que, en determinados casos, el procedimiento ha terminado colocando en segundo plano las garantías mínimas que deben prevalecer en un Estado de derecho.
Las imágenes que llegan desde Estados Unidos sobre redadas, separación de familias, detenciones y actuaciones cuestionadas contra migrantes han provocado un amplio debate internacional. Resulta inevitable que muchos dominicanos establezcan un paralelismo cuando observan situaciones que consideran similares en nuestro territorio.
No se trata de afirmar que ambos escenarios sean idénticos. Cada país posee su propia realidad migratoria, su legislación y sus desafíos. Pero sí existen semejanzas en la percepción pública sobre la forma en que se ejerce la autoridad cuando el migrante pasa de ser una persona con derechos a convertirse únicamente en un objetivo de control.
La preocupación aumenta cuando ciudadanos denuncian que, en algunos casos, no se brinda la oportunidad suficiente para demostrar una condición migratoria regular o para ejercer las garantías que corresponden durante un proceso administrativo. Cada denuncia merece ser investigada con seriedad, porque la autoridad fortalece su legitimidad cuando actúa con transparencia y respeto a la ley.
La República Dominicana no debe renunciar al control de sus fronteras ni a la aplicación de su legislación migratoria. Lo que debe evitar es que el cumplimiento de esa responsabilidad sea interpretado como una autorización para el abuso, la humillación o el trato indigno.
También resulta legítimo que distintos sectores de la sociedad cuestionen lo que consideran un creciente alineamiento del Gobierno dominicano con determinadas políticas migratorias impulsadas desde Estados Unidos. Esa percepción ha sido expresada por dirigentes políticos, analistas y comunicadores, quienes entienden que la política nacional debe responder, ante todo, a los intereses del país y al estricto cumplimiento de la Constitución y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La defensa de la soberanía nacional nunca debe confundirse con el abandono de los principios humanitarios. Una democracia demuestra su fortaleza precisamente cuando hace cumplir la ley sin perder de vista el valor de la persona humana.
Regular la migración es una obligación del Estado. Respetar los derechos humanos también lo es. Entre ambos principios no debería existir contradicción alguna
