Por Tomás Aquino G.

Haití dejó de ser únicamente un país sumido en una crisis política y social.

Hoy, para numerosos organismos internacionales, es un Estado con amplias zonas donde las bandas criminales han impuesto su propia autoridad, sustituyendo al Gobierno, a la Policía y, en muchos casos, hasta al sistema de justicia.

La coalición Viv Ansanm, encabezada por Jimmy -Barbecue- Chérizier, ha consolidado su influencia sobre extensas áreas de Puerto Príncipe y continúa expandiendo su presencia hacia otras regiones del país. Allí donde el Estado desaparece, las bandas cobran impuestos, imponen reglas, administran territorios y deciden quién entra, quién sale… y quién vive.

La consecuencia es devastadora: millones de haitianos sobreviven entre el hambre, la violencia y el desplazamiento forzado.

Hospitales cerrados, escuelas abandonadas, carreteras bloqueadas y comunidades enteras bajo el dominio de grupos armados describen una realidad que ya no puede calificarse como una simple crisis, sino como un colapso institucional.

Pero el drama haitiano no termina en la línea fronteriza. Su descomposición también golpea a la República Dominicana, donde la frontera se ha convertido en un permanente desafío para la seguridad nacional.

Durante años, autoridades, legisladores, medios de comunicación y organizaciones sociales han denunciado la existencia de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, mientras organismos internacionales advierten sobre la creciente presencia del crimen organizado en la zona fronteriza.

Entre las denuncias más persistentes figura el denominado «negocio de las parturientas», mediante el cual organizaciones criminales cobrarían miles de pesos para facilitar el ingreso irregular de mujeres embarazadas hacia hospitales dominicanos.

Aunque las autoridades han anunciado operativos y medidas de control, distintos sectores sostienen que estas redes continúan operando.

Las denuncias también apuntan a un incremento en las tarifas cobradas por traficantes de personas para cruzar la frontera de manera clandestina.

El deterioro institucional de Haití y la desesperación de miles de familias han convertido la migración irregular en un negocio cada vez más lucrativo para las mafias.

A ello se suman las constantes advertencias sobre el tráfico de drogas, armas, combustibles, alimentos y otras mercancías en ambos sentidos de la frontera.

Diversos informes internacionales identifican a Haití como un corredor utilizado por organizaciones criminales transnacionales, mientras que en territorio dominicano persisten las preocupaciones por el contrabando y el fortalecimiento de esas redes.

Uno de los aspectos más delicados son las reiteradas denuncias e investigaciones sobre la presunta participación de funcionarios civiles y militares en actividades vinculadas al tráfico de migrantes y al contrabando.

En distintos casos se han producido arrestos y procesos judiciales individuales, aunque las autoridades no han establecido que exista una participación institucionalizada.

En este sentido, la verja fronteriza impulsada por el Gobierno dominicano representa un esfuerzo para fortalecer el control territorial.

Sin embargo, especialistas en seguridad sostienen que una infraestructura física, por sí sola, difícilmente podrá derrotar organizaciones criminales que se adaptan, cambian de rutas, corrompen voluntades y aprovechan decenas de pasos informales a lo largo de la frontera.

Incluso, la verja fronteriza, anunciada como el gran muro de contención contra la inmigración ilegal y el contrabando, ha demostrado que el acero no basta cuando el crimen organizado encuentra complicidades, rutas alternas y puntos vulnerables.

A los pasos clandestinos se suman denuncias sobre tramos que han sido cortados, destruidos o vulnerados, dejando en evidencia que ninguna verja detiene por sí sola a mafias que mueven millones de pesos cada año.

Sin inteligencia, vigilancia permanente y un combate frontal a la corrupción, cualquier muro termina convirtiéndose en un simple obstáculo para los ciudadanos… pero no para el crimen organizado.

La verdadera amenaza para República Dominicana ya no es únicamente la inmigración irregular. El mayor desafío es impedir que el crimen organizado convierta la frontera en un gigantesco corredor para el tráfico de personas, drogas, armas y mercancías ilícitas.

Porque cuando un Estado pierde el control de buena parte de su territorio, las mafias no respetan fronteras. Y cuando el negocio del crimen mueve millones de dólares, el silencio, la indiferencia o la improvisación terminan siendo sus mejores aliados.