Denuncian presuntos abusos contra ciudadanos haitianos durante operativos migratorios
Hechos ocurren en comunidades de Bayaguana

Por Margarita de la Rosa
Un dirigente comunitario denunció presuntos abusos cometidos contra ciudadanos haitianos durante operativos atribuidos a agentes de Migración en comunidades rurales del municipio de Bayaguana, particularmente en Sierra de Agua y Sabana del Estado, y pidió que las autoridades investiguen las actuaciones denunciadas.
De acuerdo con el testimonio ofrecido, uno de los casos habría ocurrido en Sierra de Agua, en las inmediaciones de un establecimiento comercial conocido en la comunidad como el colmado de Nanán, donde un ciudadano haitiano se encontraba realizando compras cuando llegaron personas que, según el denunciante, actuaban como agentes migratorios.
El vocero aseguró que el ciudadano ya había adquirido mercancías por un monto aproximado de entre tres mil y cuatro mil pesos cuando fue intervenido. Alegó además que, durante la actuación, presuntamente le fueron quitadas las compras y RD$10,000 en efectivo.
“Es un atraco a plena luz del día. Es un crimen, es un abuso”, expresó el denunciante al describir el supuesto incidente.
Estas acusaciones requieren ser investigadas y esclarecidas por las autoridades competentes, incluyendo la identificación de los agentes que participaron en el operativo y la determinación de qué ocurrió con el dinero y las mercancías que, según el testimonio, fueron retirados al ciudadano.
El denunciante relató otro episodio ocurrido en Sabana del Estado, donde afirmó que un ciudadano haitiano dedicado a labores agrícolas habría sido detenido pese a asegurar que cuenta con documentación migratoria.
Según explicó, el hombre no llevaba los documentos consigo en ese momento y habría solicitado tiempo para buscarlos y presentarlos, pero, de acuerdo con la versión suministrada, fue trasladado sin que se le permitiera hacerlo.
El vocero aclaró que su denuncia no pretende cuestionar la facultad del Estado dominicano para realizar controles migratorios, sino llamar la atención sobre la necesidad de que estos procedimientos se desarrollen respetando los derechos y la dignidad de las personas.
“Está bien que una persona que no tenga sus papeles sea sometida al procedimiento correspondiente, pero no abusar así”, sostuvo.
También cuestionó cualquier actuación en la que la condición migratoria de una persona pueda ser utilizada para despojarla de dinero, mercancías o pertenencias, y reclamó que las autoridades establezcan responsabilidades si las denuncias resultan comprobadas.
Los señalamientos adquieren especial gravedad por tratarse de una población que, debido a su situación migratoria, puede encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad para reclamar ante las instituciones.
Corresponde ahora a las autoridades investigar los hechos denunciados, determinar quiénes participaron en esos operativos y establecer si las actuaciones se realizaron conforme a la ley y a los protocolos institucionales.
Las denuncias recibidas sobre estos hechos no constituyen un señalamiento aislado. En diferentes momentos, comunitarios y profesores de la zona han expresado preocupación por presuntas actuaciones irregulares durante operativos contra ciudadanos haitianos en comunidades rurales de Bayaguana.
Los testimonios coinciden en reclamar que el necesario control migratorio se realice dentro de los límites de la ley y con respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
Ante la reiteración de estas denuncias, residentes consideran necesario que la Dirección General de Migración investigue las actuaciones de los equipos que intervienen en esas comunidades, determine si quienes realizan los operativos pertenecen efectivamente a esa institución y establezca responsabilidades ante cualquier eventual despojo de dinero, mercancías, documentos u otras pertenencias.
La preocupación cobra mayor relevancia porque la propia Dirección General de Migración ha establecido públicamente que sus operaciones de interdicción deben desarrollarse con ética, respeto, transparencia y apego a los derechos humanos.



