La Ley 25-26: Un paso de justicia que ahora debe convertirse en realidad

Por Rebeca Henríquez
Presidenta Nacional Fundación Derechos Humanos Global

El 9 de junio de 2026 queda como una fecha importante para la historia de los derechos humanos en República Dominicana. Con la publicación de la Ley núm. 25-26, se crea oficialmente el sistema “Alertas RD”, el mecanismo nacional de búsqueda inmediata para personas desaparecidas.

Desde nuestra institución, valoramos esta norma como un avance necesario, largamente esperado y, sobre todo, una respuesta a la angustia de miles de familias que han vivido la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido.

Esta ley no es un papel más. Es el reconocimiento explícito por parte del Estado de que la desaparición de una persona es una grave violación a los derechos humanos, y que la obligación de actuar con rapidez, diligencia y coordinación es un deber constitucional, no un favor. Lo más valioso de esta normativa es que pone en el centro a quienes más protección necesitan: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de riesgo.

Al crear las alertas específicas —Amber, Silver, Azul y Rosa—, el legislador reconoce que no todos los riesgos son iguales y que la vulnerabilidad exige respuestas diferenciadas, inmediatas y sin trabas burocráticas.

Por años, hemos escuchado la misma queja: “hay que esperar 24 horas para denunciar”, “no hay coordinación entre instituciones”, “la información no llega a tiempo”.

Esta ley rompe con esas barreras. Deja claro que no se puede esperar: la alerta se activa en el mismo momento de la denuncia, se difunde masivamente por todos los medios, redes sociales, transportes y fronteras, y obliga a Policía, Ministerio Público y todas las instituciones a trabajar juntas bajo principios de dignidad, celeridad y enfoque de derechos.

Además, establece algo fundamental: es gratuito, confidencial y se busca bajo la presunción de que la persona está viva.

Sin embargo, como defensores de derechos humanos, debemos decirlo con responsabilidad: la ley es necesaria, pero no suficiente.

En nuestra labor diaria hemos constatado que muchas normas hermosas escritas en la Constitución o en códigos terminan siendo letra muerta porque falta voluntad política, presupuesto, capacitación y verdadera coordinación. La Ley 25-26 es un compromiso del Estado, pero ahora la sociedad tiene el deber de vigilar que se cumpla. No basta con crear el sistema; hay que dotarlo de tecnología, personal preparado, protocolos claros y, sobre todo, eliminar la cultura de la indiferencia o la demora que tantas vidas ha costado.

Nos preocupa, por ejemplo, que en el caso de personas con discapacidad o de sectores más marginados, la aplicación sea desigual.

La ley dice que todos somos iguales y que no puede haber discriminación, pero la realidad nos ha enseñado que, a veces, el acceso a la justicia y a la protección depende de quién eres o dónde vives.

Exigimos que “Alertas RD” funcione igual en San Francisco de Macorís que en Santo Domingo, igual para quien tiene recursos que para quien no los tiene, igual para una persona con discapacidad que para cualquier otra.

También valoramos que esta norma reconozca el papel de la sociedad civil y la ciudadanía. En las búsquedas, la gente es clave. Las redes sociales, los vecinos, los conductores, los comerciantes: todos somos parte de esta red de protección. La ley nos convierte en vigilantes y colaboradores, y eso es un gran acierto.

Desde la Fundación Derechos Humanos Global, saludamos esta ley como una victoria de la dignidad humana, pero también asumimos el compromiso de ser observadores permanentes de su cumplimiento. Estaremos vigilantes para que no se quede en el papel, para que se capacite a las autoridades, para que se difunda entre la población y para que cada familia que denuncie una desaparición reciba la respuesta rápida, humana y efectiva que merece.

La Ley 25-26 nos dice que el Estado debe garantizar la vida, la libertad y la seguridad. Ahora le toca al Estado demostrar que lo cumple, y a nosotros, la sociedad, asegurarnos de que así sea.

Porque ningún desaparecido es un caso perdido, y ninguna familia debe quedar sola en la búsqueda.