La mordaza, la reforma fallida y los silencios que nadie quiere explicar

Buenos días…

 La República Dominicana merece ser gobernada con transparencia.

Los dominicanos quieren transparencia. Quieren que la corrupción se combata de frente. Quieren tolerancia cero contra la impunidad, no discursos, ni propaganda.

La ley mordaza tiene responsables políticos: el presidente Luis Abinader y el PRM. Ellos cargarán con el costo político de este golpe a la libertad de expresión.

Penalizar la libertad de expresión no fortalece la democracia, la hiere. La debilita.

La ley mordaza representa un golpe al derecho de decir la verdad. De ahora en adelante, muchos pensarán dos veces antes de llamar corrupto a un corrupto o narcotraficante a un narcotraficante. Y quien lo haga correrá el riesgo de enfrentar un proceso penal, mientras el medio de comunicación también podría verse gravemente afectado.

Por cierto, todavía el país espera un informe completo sobre lo ocurrido en Haina, donde se denunció que agentes policiales habrían realizado un supuesto «tumbe» relacionado con un alijo de «polvo blanco». Posteriormente, según las denuncias, ocuparon armas de fuego, entre ellas fusiles, que presuntamente fueron devueltas a quienes eran señalados como propietarios del cargamento que originó el escándalo.

Por ese caso fueron suspendidos dos generales y numerosos oficiales, incluidos varios coroneles. Hubo personas apresadas. Sin embargo, el expediente terminó rodeado de un absoluto hermetismo. El país nunca conoció toda la verdad. Otro caso que quedó envuelto en el misterio.

Sí, hoy los salarios de cabos y sargentos superan los 500 dólares. Pero los rasos continúan ganando menos de los 500 dólares que el presidente Luis Abinader prometió como salario mínimo para los policías.

Y mientras tanto, ¿qué ocurrió con el costo de la vida?

Desde agosto de 2020 hasta la fecha, los productos de la canasta familiar, prácticamente sin excepción, han registrado fuertes aumentos. La tarifa eléctrica se ha disparado. Los medicamentos también han subido de precio y algunos superan incrementos del 200 %. El servicio de salud se ha deteriorado. Y a los policías afiliados a Senasa también les aumentaron entre 1,000 y 1,500 pesos el pago diferencial por consultas médicas.

Entonces, ¿de qué ha servido ese aumento salarial si el costo de la vida se tragó cada peso adicional?

Ese es uno de los grandes fracasos de la cacareada reforma policial, que para muchos miembros de la propia institución ha terminado siendo una enorme decepción.

Y hablando de los supuestos logros de esa reforma, identifíquenlos. Díganle al país cuáles son, porque nadie los percibe. Señálenlos. Nosotros mismos los publicaremos.

Ahora bien, presidente Luis Abinader, investigue por qué oficiales puestos en retiro durante gestiones anteriores, incluyendo las dos primeras administraciones de su propio gobierno —las encabezadas por Edward Sánchez González y Eduardo Alberto Then— por acumulación de faltas, algunas de extrema gravedad, incluso con señalamientos de vínculos con el narcotráfico, y varios de ellos retirados desde hacía más de diez años, fueron reintegrados a la Policía Nacional durante la gestión del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

¿Esa es la reforma policial? Presidente, toda reforma exige depuración. Pero una depuración de verdad, profunda y sin excepciones. ¿Se hizo?

Porque en una verdadera reforma, todos aquellos miembros señalados por incurrir en irregularidades —las mismas que cuando ustedes estaban en la oposición calificaban de corrupción— debieron ser separados definitivamente de las filas policiales.

Sin embargo, eso no ocurrió. Por el contrario, con reforma y todo, su gobierno no ha castigado con firmeza los grandes escándalos ni a quienes aparecen vinculados a ellos. Esa es una de las principales razones por las que muchos consideran que su reforma policial fracasó.

Una vez más, le sugerimos al presidente Abinader que convoque un debate público entre quienes proclaman las «maravillas» de la reforma policial y quienes sostienen que ha sido un fracaso. Que participen todos los sectores, incluyendo RI, que mantiene la posición de que esa reforma terminó convertida en un ejercicio de politiquería y propaganda.

Presidente Abinader, pregúntele a Chú Vásquez para qué solicitó mil millones de pesos del fondo destinado  a la reforma policial, en plena campaña política, cuando Eduardo Alberto Then dirigía la institución y José Vila del Castillo (Pepe) era el comisionado. Y pregúntele también cuál fue su reacción cuando esos recursos le fueron negados.

De igual manera, pregúntele por qué el Ministerio de Hacienda rechazó una partida superior a los 430 millones de pesos que, según se informó, había sido aprobada de la reforma para el Ministerio de Interior, pero que finalmente no fue desembolsada.

Y al cierre… Siguen las denuncias por la escasez de agua potable en distintas comunidades del país. A eso se suman las constantes quejas por los apagones y el aumento de la tarifa eléctrica.

Si esta situación no se corrige, habrá quienes terminen pensando, en tono de amarga ironía, que solo queda desafiar al presidente Donald Trump, montarse en una yola y abandonar el país.