La transparencia se demuestra, no se proclama
¿Quién le teme a una auditoría en la Defensoría del Pueblo?
Hemos visto en los últimos años grandes casos de corrupción. Muchos de ellos eran de conocimiento público y, sin embargo, no se adoptaron las medidas de lugar.
Todas las instituciones públicas deben mantenerse bajo controles y procesos de fiscalización permanentes para prevenir estos horrendos actos de corrupción.
La Defensoría del Pueblo debe ser auditada por la Cámara de Cuentas, como cualquier otra entidad pública, ante las denuncias y cuestionamientos que han sido difundidos en distintos sectores de la sociedad. Quienes más se beneficiarían de una auditoría serían sus propios directivos, ya que tendrían la oportunidad de demostrar la transparencia y pulcritud de su gestión.
Asimismo, las comisiones de Defensor del Pueblo y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados deben realizar una evaluación del desempeño institucional, debido a que uno de los miembros del equipo designado ha denunciado en varias ocasiones que el titular nunca se ha reunido con los demás integrantes.
De confirmarse esa situación, se estaría proyectando la imagen de una institución manejada de forma personalista, lo que sería contrario al espíritu de la ley y a los principios de transparencia y participación que deben regir a los organismos públicos.
La Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados tienen la palabra. Si estas denuncias ameritan una investigación y no se actúa con la debida diligencia, corresponderá a las autoridades explicar las razones de su inacción.
La transparencia no debe temerle a la fiscalización; por el contrario, debe encontrar en ella su mayor fortaleza.
