Puerta de Hierro: ser una urbanización privada no nos quita el derecho al agua
Por Margarita de la Rosa.
A propósito de las denuncias que durante los últimos meses hemos venido realizando por la prolongada escasez de agua que afecta a varias calles de Puerta de Hierro, ha comenzado a circular un argumento que merece ser aclarado: que, por tratarse supuestamente de una urbanización privada, los residentes no tendríamos razones para exigir a la CAASD que investigue y corrija las deficiencias del servicio.
El argumento no resiste el menor análisis.
Puerta de Hierro pudo haber sido levantada originalmente por un desarrollador privado. Sus viviendas pudieron ser construidas y comercializadas por particulares y posteriormente pasar de unos propietarios a otros. Esa historia inmobiliaria merece ser documentada y contada.
Pero una cosa es quién construyó una urbanización y otra completamente diferente es quién presta y cobra un servicio público dentro de ella. Los residentes de Puerta de Hierro no compramos el agua al antiguo urbanizador. La contratamos con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). Es esa institución la que instala servicios, factura, cobra y recibe nuestros reportes y reclamaciones.
Por tanto, es a la CAASD a quien tenemos que exigirle que determine por qué tres calles pueden permanecer durante meses prácticamente sin agua mientras, a pocos metros de distancia, otras viviendas reciben el líquido con presión suficiente.
Y no se trata solamente de sentido común.
La Ley 498, que crea la CAASD, la define como una institución de servicio público y establece entre sus responsabilidades la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales dentro de su área de influencia.
La propia legislación contempla incluso las instalaciones construidas originalmente por particulares.
De manera que alegar el origen privado de una urbanización para desentender a una institución pública del servicio que actualmente presta y cobra sería confundir deliberadamente dos cosas distintas.
Llevemos ese razonamiento a otros servicios.
¿Porque Puerta de Hierro haya sido desarrollada originalmente por particulares dejaríamos de reclamar a la empresa distribuidora de electricidad cuando se produce una avería?
¿Dejaríamos de reclamar a Claro u otra compañía telefónica porque las viviendas fueron construidas por un promotor privado?
¿Tendríamos que reparar nosotros mismos una avería de la red pública que corresponde al prestador del servicio?
Evidentemente no.
Cada institución y cada empresa debe responder por el servicio que ofrece.
Y existe otro elemento que desmonta esa interpretación.
Puerta de Hierro aparece reconocida en documentación territorial oficial como parte del sector Arroyo Manzano. El Ayuntamiento presta servicios públicos en la urbanización, incluyendo la recogida de residuos sólidos, y documentos de planificación de la propia CAASD han incluido a Puerta de Hierro dentro del sistema de saneamiento de Santo Domingo.
Entonces, ¿privada para qué?
¿Privada solamente cuando los residentes reclamamos agua?
¿Privada para cobrar, pero demasiado privada para garantizar el servicio?
Ese argumento resulta todavía más difícil de sostener cuando cada usuario tiene una relación directa con la institución que le factura el agua.
Los residentes no estamos solicitando un privilegio. Estamos reclamando algo mucho más elemental: que la institución responsable investigue técnicamente por qué determinadas calles llevan años padeciendo un suministro desigual y por qué ahora esa situación se ha convertido en una escasez prolongada.
Queremos que se revisen válvulas, sectorización, posibles obstrucciones, distribución y cualquier otro elemento de la red que pueda explicar por qué el agua llega abundantemente a determinados puntos y no alcanza a viviendas situadas a escasos metros.
Y la discusión tampoco termina con el agua.
Puerta de Hierro enfrenta además un serio problema de alcantarillado y disposición de aguas residuales.
Allí también habrá que establecer claramente las competencias institucionales y exigir responsabilidades a quien corresponda.
Lo que no podemos aceptar es que el calificativo de “urbanización privada” se convierta en una especie de tierra de nadie donde los ciudadanos paguemos impuestos y servicios públicos, pero cuando llega el momento de exigir calidad y soluciones aparezca alguien diciendo que el Estado o sus instituciones no tienen responsabilidad.
Lo privado puede ser la propiedad de nuestras casas. El derecho a recibir adecuadamente los servicios públicos que contratamos y pagamos es otra cosa.
Y mientras la CAASD sea quien nos facture y cobre el agua, será también ante la CAASD donde continuaremos reclamando explicaciones y soluciones. No estamos pidiendo favores.
Estamos reclamando el servicio por el que pagamos.
