A sesenta años de abril: el testimonio de un sobreviviente sobre dónde reside de verdad el poder en la República Dominicana.

Por Ramón Andrés Blanco Fernández

Cuando murió Rafael Leónidas Trujillo, todos sentimos que el aire cambiaba. Literalmente. Durante treinta años, aquel hombre había gobernado con puño de hierro y, de pronto, apareció una posibilidad que creíamos perdida para siempre: la de ser ciudadanos en lugar de hormigas dentro de su imperio.

Se convocaron elecciones para el 20 de diciembre de 1962. El Partido Revolucionario Dominicano llevaba como candidato a Juan Bosch: un profesor, un intelectual. No era un militar. No era un cacique. Ganó con el 59 % de la votación y, el 27 de febrero de 1963, tomó posesión como presidente.

Aquella mañana, las campanas de las iglesias sonaban diferentes. Durante treinta años habíamos susurrado. Por fin podíamos hablar.

Lo que muchos preferíamos no ver era que el poder real de la República Dominicana nunca residió en quien se sentaba en el Palacio Nacional. Residía en los hombres que controlaban las empresas, los puertos, los bancos, las tierras.

Las empresas que Trujillo confiscó y administró durante tres décadas cayeron, al morir él, en manos de un grupo de familias dominantes. Ellos administraban. Ellos se enriquecían. El Estado se limitaba a mirar.

Cuando Bosch comenzó a decretar la reforma agraria, la reorganización de las empresas confiscadas y los derechos laborales, esos grupos sintieron una amenaza existencial. No era paranoia mía: podía verse en sus caras cuando leían los decretos.

Reaccionaron por etapas. Primero pidieron audiencias y presentaron argumentos económicos. Cuando eso falló, se acercaron a los militares descontentos. Cuando la presión política tampoco bastó, recurrieron a la demonización pública: lo acusaron de comunista por radio y se sirvieron de sacerdotes para amplificar el mensaje.

Recuerdo bien el debate entre el profesor Bosch y el padre Láutico García. Bosch defendió punto por punto su proyecto y demostró que la reforma agraria no era comunismo, sino justicia social. Ganó aquel debate. Perdió el otro, el que se libraba en los despachos militares y en los salones privados.

Le exigieron que apartara funcionarios, que diluyera el alcance de las reformas, que fuera un presidente existente solo de nombre. Se negó.

Ese gesto fue su victoria y su perdición: prefirió caer como presidente antes que vivir como títere.

El 25 de septiembre de 1963 se produjo el golpe de Estado. Los tanques en las calles, los soldados en las esquinas, la sensación de que el mundo se derrumbaba en cuestión de horas.

Habíamos creído que Trujillo era la excepción y no la regla. Pero ahí estaba el golpe, perpetrado por los mismos militares que habían jurado honrar la Constitución.

Volvimos a susurrar en las casas, como en los viejos tiempos.

Dieciocho meses después, la presión no se pudo aguantar más. El 24 de abril de 1965, el capitán Mario Peña Taveras, siguiendo instrucciones del coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, encabezó el alzamiento.

El llamado a la revolución salió por Radio Comercial, donde Peña Gómez repetía sin cesar que el pueblo debía salir a defender su democracia. Y el pueblo salió: de las casas humildes, de los barrios pobres, de las universidades.

Habían probado la democracia, aunque fuera por noventa días, y no estaban dispuestos a entregarla.

Yo estuve ahí. Con Euclides Gutiérrez Félix fuimos al puente y ordenamos colocar camiones como obstáculos para frenar los tanques. Llegaron hasta medio kilómetro más allá. Fue un gesto pequeño, tal vez ingenuo, pero era lo que teníamos.

La dirección militar del movimiento la conducía desde Puerto Rico el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, con Lora Fernández, Héctor Lachapelle, Hernando Ramírez y Montes Arache, jefe de los hombres rana.

Fue entonces cuando Francisco Alberto Caamaño Deñó se levantó: no como un golpista más, sino como un militar que decidió estar del lado de la Constitución.

Lo que buscaba era la restitución del orden constitucional y el regreso de Bosch al solio presidencial.

Y entonces llegaron los cuarenta y dos mil marines.

Helicópteros en el cielo, portaaviones en nuestras aguas, soldados extranjeros en las calles de Santo Domingo.

Eso fue exactamente lo que la oligarquía local le vendió a Washington: que, si no intervenían, esto sería otra Cuba.

Bastó ese miedo.

Fue ahí cuando sentí que la batalla estaba perdida, no porque la revolución fuera injusta, sino porque habían logrado comprar a una potencia mundial para detenerla.

Fue Jottin Cury, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, quien cambió el curso de los acontecimientos. Llamó a las Naciones Unidas, contactó vía diplomática al presidente francés Charles de Gaulle y facilitó la intervención de la OEA.

Mientras nosotros peleábamos en los callejones, él negociaba en los salones.

El 5 de mayo de 1965 se firmó el Acta de Santo Domingo, que estableció el cese al fuego y creó una zona de seguridad en la capital.

El 18 de junio, la Comisión Ad Hoc de la OEA sometió la «Declaración al Pueblo Dominicano», con elecciones supervisadas en un plazo de seis a nueve meses.

El 31 de agosto se suscribió el Acta de Reconciliación Dominicana.

El viernes 3 de septiembre de 1965, Caamaño compareció ante el Congreso Nacional para entregar el mandato. Ese mismo día se firmó el Acto Institucional y Héctor García Godoy asumió como presidente provisional.

Tuve el honor de participar, junto a otros compañeros, en la redacción del acta de juramentación.

«Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo mandato público», dijo Caamaño aquel día.

Eran palabras de esperanza. La realidad sobre el terreno era otra.

Ya el 19 de mayo había caído asesinado el coronel Fernández Domínguez, el verdadero ideólogo del movimiento, en el intento de asalto al Palacio Nacional.

Y el 19 de diciembre de 1965 cayó en combate el coronel Juan María Lora Fernández, jefe de Estado Mayor constitucionalista, en la batalla del Hotel Matúm, en Santiago.

Las elecciones de 1966 trajeron a Joaquín Balaguer y, con él, la recomposición del poder tradicional.

Los compromisos del gobierno provisional —amnistía, respeto a los militares constitucionalistas, retorno a la constitucionalidad— se disolvieron en el aire dominicano.

Para mayo de 1966, un nutrido grupo de oficiales había sido sacado del país con el pretexto de entrenamientos o posiciones diplomáticas.

Entre ellos, Caamaño, enviado como agregado militar a Inglaterra.

Lo que quedó fue una democracia de fachada.

¿Cuál es el mensaje que quiero dejarle a las nuevas generaciones?

Que estudien la historia. Que entiendan que el poder no está solamente en quien se sienta en la presidencia, sino en los grupos económicos, en quienes controlan las empresas, en quienes tienen militares a su servicio.

Desde que nació esta nación, han venido los oportunistas de cada época a tomarse el poder para beneficiarse: primero sacaron del país a Duarte; luego vinieron Santana, Báez, Trujillo. Y, cuando creímos haber salido de eso, surgió una nueva oligarquía.

La democracia es frágil. Muy frágil. Se cae como un castillo de arena si quienes la defienden no están pendientes.

Aquel aire que respiramos en 1962 se puede perder otra vez en cuestión de horas si no hacemos nada.

El autor fue miembro fundador del Movimiento 14 de Junio y del Partido de la Liberación Dominicana. Detenido en 1960 y condenado a 30 años de prisión por su lucha antitrujillista, fue viceministro de Educación en el gobierno constitucional y, posteriormente, regidor, diputado y ministro de Interior. Testigo directo de los acontecimientos de 1965.