SANTO DOMINGO, R.D.

La Fundación Derechos Humanos Global lanzó una contundente denuncia sobre lo que calificó como una peligrosa crisis de impunidad en la República Dominicana, provocada -según afirmó- por la falta de ejecución de cientos de órdenes de arresto pendientes en todo el país.

La entidad expresó profunda preocupación por el hecho de que numerosas personas vinculadas a delitos y actos antisociales continúen en libertad sin enfrentar la justicia, mientras ciudadanos trabajadores y respetuosos de la ley viven bajo temor, inseguridad y constantes vulneraciones a sus derechos fundamentales.

“Las calles están siendo tomadas por conductas que alteran la tranquilidad y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía, mientras quienes cumplen la ley son los más afectados por la inacción de las instituciones”, señaló la organización.

La fundación cuestionó además la aplicación “selectiva” de la justicia y advirtió que la impunidad se ha convertido en una práctica cotidiana que debilita el Estado de derecho y la confianza de la población en las autoridades.

“¿Hasta cuándo la impunidad será la norma y la justicia una excepción?”, preguntó la entidad en un comunicado emitido este 12 de mayo.

La organización sostuvo que esta situación contradice los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de protección de los derechos humanos y seguridad ciudadana.

Ante ese panorama, la Fundación Derechos Humanos Global exigió al Poder Judicial de la República Dominicana, al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de la ley.

Entre sus principales demandas, solicitó agilizar la ejecución de todas las órdenes de arresto pendientes, reforzar las acciones contra los actos antisociales y garantizar que la ley se aplique “sin privilegios ni favoritismos”.

Asimismo, reclamó sanciones firmes contra cualquier violación de derechos humanos y medidas concretas para restablecer la seguridad y la convivencia pacífica en las comunidades.

La entidad reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante frente a cualquier irregularidad y aseguró que continuará denunciando situaciones que atenten contra la justicia, la equidad y la dignidad humana.

“La ley debe ser igual para todos. No puede existir paz social mientras la impunidad siga caminando libremente por las calles del país”, concluyó la fundación.