POLI-JUDICIALES

Muerte de joven en Herrera desnuda el fracaso de la reforma policial

La Fundación Derechos Humanos Global exige una investigación independiente por la muerte de Emmanuel Mercado Reyes y afirma que el Estado no puede seguir respondiendo con balas donde debe garantizar derechos.

SANTO DOMINGO, R.D.

La Fundación Derechos Humanos Global expresó este sábado su profundo pesar por la muerte del joven Emmanuel Mercado Reyes, quien falleció tras recibir un disparo durante un incidente en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, hecho protagonizado por agentes policiales.

La entidad afirmó que el video difundido en las redes sociales ha provocado una amplia indignación ciudadana y consideró que el caso debe ser esclarecido mediante una investigación inmediata, imparcial y transparente que permita establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La organización sostuvo que, de confirmarse las circunstancias observadas en las imágenes, podrían haberse vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el derecho a la vida, protegido por el artículo 37, y el derecho a la integridad física y moral, establecido en el artículo 38.

Asimismo, aseguró que este y otros casos similares han fortalecido la percepción de amplios sectores de que la reforma policial no ha producido los cambios esperados en la conducta de los agentes ni ha garantizado el pleno respeto a los derechos humanos durante las intervenciones policiales.

La Fundación Derechos Humanos Global expresó sus condolencias a los familiares de Emmanuel Mercado Reyes y reclamó que sean tratados con respeto, dignidad y acompañamiento durante el proceso de investigación.

Igualmente, pidió una revisión profunda de las políticas de seguridad ciudadana y de los procesos de formación policial, al considerar que las promesas de transformación institucional deben traducirse en resultados concretos que fortalezcan la confianza de la población.

«El deber del Estado es proteger la vida de las personas, nunca ponerla en riesgo ni arrebatársela», concluyó la organización en su pronunciamiento.

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