Derechos, responsabilidades y silencios en los servicios de salud
Por Margarita de la Rosa
Hay momentos en los que una familia llega a un centro de salud buscando una solución y termina necesitando, además de atención médica, respuestas.
Y es precisamente entonces —cuando ocurre un desenlace inesperado, una actuación cuestionable o una situación que los familiares entienden que no se corresponde con la atención que debía recibir el paciente— cuando comienza otra batalla, mucho más desigual: la de tratar de establecer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones y ante quién corresponde reclamar.
El problema se agrava porque el ciudadano común no necesariamente conoce cómo funciona el sistema sanitario, cuáles son sus derechos, cuáles son sus propios deberes, qué documentos debe solicitar, qué instancias debe apoderar ni qué pasos debe seguir para preservar elementos que posteriormente pudieran resultar importantes.
Un facultativo de larga experiencia, con quien recientemente intercambié impresiones sobre uno de estos casos, me hizo una observación que considero de mucho peso: la población no está suficientemente educada acerca del funcionamiento del sistema ni de sus deberes y derechos.
Y agregó otro elemento todavía más inquietante: en situaciones de conflicto, cualquier omisión, desconocimiento o actuación de los propios familiares puede terminar siendo utilizada para debilitar sus argumentos o pretensiones.
Ahí está una parte del problema que merece ser debatida.
Porque mientras una institución dispone de médicos, expedientes, departamentos administrativos, asesores y mecanismos internos para responder ante una situación adversa, del otro lado puede haber simplemente una familia angustiada, confundida y tratando de entender qué acaba de ocurrirle a su ser querido.
No siempre se enfrentan dos partes con las mismas herramientas.
Un debate que cobra nueva actualidad
El tema adquiere particular relevancia en momentos en que la atención sanitaria y las responsabilidades derivadas de ella han vuelto al centro de la discusión pública a raíz de casos graves conocidos recientemente.
Cuando un acontecimiento de gran impacto adquiere resonancia nacional, otros episodios que quizá anteriormente hubieran quedado circunscritos a una familia o a los pasillos de una clínica comienzan también a ser observados desde otra perspectiva.
Y eso es saludable.
No se trata de condenar anticipadamente a médicos ni a centros de salud. Tampoco de convertir cada resultado adverso en una acusación de negligencia.
Se trata exactamente de lo contrario: de exigir que los hechos puedan ser esclarecidos y que tanto los profesionales como las instituciones y los pacientes tengan garantías.
Ese debate cobra una dimensión adicional con el nuevo marco penal dominicano. La Ley núm. 44-26, promulgada el 27 de julio de 2026, introdujo modificaciones a distintas disposiciones de la Ley Orgánica núm. 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal.
Es un escenario que obliga a actuar con particular responsabilidad. Las nuevas disposiciones no pueden convertirse ni en instrumento para formular acusaciones temerarias contra profesionales de la salud ni en una especie de muro que intimide al ciudadano y le haga renunciar a preguntar, reclamar o acudir a las instituciones correspondientes cuando considere que sus derechos han sido afectados.
Precisamente por eso necesitamos ciudadanos mejor informados.
Un caso que por ahora no identificaré y que he conocido y documentado recientemente ocurrido en un reconocido centro médico del país.
Por el momento he decidido no identificar ni al paciente ni al establecimiento.
No es una omisión casual.
Hay actuaciones en curso ante las instancias que entiendo deben conocer los hechos, solicitar las explicaciones correspondientes y determinar qué ocurrió. Considero responsable permitir que esos mecanismos actúen antes de hacer públicos determinados detalles.
Pero el caso existe.
La documentación también.
Y llegará el momento de hablar de ambos.
Lo que puedo adelantar es que se trata de una situación que me ha llevado a preguntarme hasta qué punto una familia, en medio de la angustia provocada por el estado de un paciente, está realmente preparada para enfrentarse a la estructura de un establecimiento sanitario cuando entiende que algo grave ha ocurrido.
¿Qué debe hacer inmediatamente?
¿Qué documentos debe exigir?
¿Quién debe explicar las decisiones adoptadas?
¿Qué ocurre cuando las respuestas no satisfacen?
¿Dónde termina una complicación médica inevitable y dónde podría comenzar una actuación susceptible de investigación?
Y, sobre todo: ¿quién acompaña al paciente y a su familia para que puedan establecer esa diferencia?
Ni condenas anticipadas ni silencio
Este artículo no pretende emitir sentencia sobre el caso que motiva estas reflexiones.
Eso sería irresponsable.
Pero igualmente irresponsable sería guardar silencio ante situaciones que merecen ser esclarecidas solamente porque enfrentarse a una gran institución resulta difícil para una familia.
Las instituciones sanitarias también deben comprender que la transparencia constituye una forma de protección.
Una explicación clara, un expediente debidamente sustentado y una respuesta oportuna protegen al paciente, pero también al médico y al propio establecimiento cuando sus actuaciones han sido correctas.
Por eso este debate no debería plantearse como una guerra entre pacientes y médicos.
El verdadero desafío es otro: construir un sistema donde ninguna de las partes tenga que defenderse mediante el miedo, el silencio, la desinformación o el agotamiento de la contraparte.
Mi interlocutor médico utilizó una expresión que resume bien lo que puede suceder cuando una situación comienza a complicarse: una “escalada”.
Evitar esa escalada exige información, protocolos claros, instituciones que respondan y ciudadanos que conozcan sus derechos y también sus responsabilidades.
El caso al que hago referencia seguirá su curso.
Por ahora, no habrá nombres.
Habrá preguntas.
Y habrá documentos.
Cuando corresponda, hablaremos de ellos.
Porque defender el ejercicio responsable de la Medicina es indispensable.
Pero defender el derecho del paciente a saber qué ocurrió, también lo es.
