El Gobierno de Abelardo de la Espriella endurece la ofensiva contra los grupos armados ilegales, con operaciones militares, bombardeos y acciones contra sus estructuras de mando y financiación, mientras la violencia escala con atentados y ataques con drones.

BOGOTÁ

Colombia ha entrado en una nueva fase de su prolongado conflicto armado.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dejado atrás buena parte de la política de negociación impulsada durante la administración de Gustavo Petro y ha colocado la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales en el centro de su estrategia de seguridad.

Las disidencias de las antiguas FARC, el ELN y otras organizaciones armadas vuelven a enfrentar una Fuerza Pública con instrucciones de recuperar territorio mediante operaciones militares, inteligencia, bombardeos y acciones contra sus estructuras de mando y financiación.

El viraje se produce después de varios años de deterioro de la seguridad en diferentes regiones del país. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) había advertido a comienzos de 2026 que Colombia iniciaba el año electoral con un escenario de seguridad más frágil, marcado por el crecimiento de los grupos armados y las dificultades del Estado para recuperar el control territorial.

El Gobierno cambia la fórmula

La llegada de De la Espriella a la Presidencia significó un cambio radical en el discurso oficial.

Mientras Petro hizo de la negociación con los grupos armados uno de los pilares de su política de “Paz Total”, el nuevo Gobierno sostiene que las organizaciones que continúan asesinando, secuestrando, extorsionando, reclutando menores y controlando economías ilegales deben ser enfrentadas militarmente.

[El Gobierno de Abelardo De la Espriella dio de baja a alias Bendito Menor y ahora va detrás de otros dos de los hombres considerados entre los más peligrosos del crimen organizado colombiano: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.]

El Ejecutivo también prepara un estatuto antiterrorista que busca establecer una clasificación oficial de los grupos considerados terroristas. Las disidencias de las FARC figuran entre las primeras organizaciones señaladas por el Gobierno.

La nueva política tiene un componente político evidente: el Gobierno pretende recuperar la iniciativa frente a organizaciones que durante los últimos años han aumentado su capacidad de control territorial.

Las disidencias de las FARC, principal objetivo

La desaparición de las FARC como organización guerrillera tras el acuerdo de paz de 2016 no significó el fin de la violencia armada.

Diversos grupos de antiguos combatientes que no aceptaron el acuerdo o posteriormente abandonaron el proceso volvieron a las armas y formaron estructuras diferentes.

Entre las principales se encuentran sectores del Estado Mayor Central (EMC), estructuras agrupadas alrededor del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Segunda Marquetalia, además de otras organizaciones regionales.

Estas estructuras tienen presencia en departamentos como Cauca, Nariño, Guaviare, Meta, Valle del Cauca, Caquetá y zonas fronterizas.

Su financiación procede principalmente de actividades como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras economías clandestinas.

El problema, según análisis especializados, es que algunas de estas organizaciones ya no funcionan exclusivamente como movimientos insurgentes con una agenda política definida, sino como estructuras armadas profundamente vinculadas con economías criminales.

Bombardeos contra campamentos

La nueva estrategia militar ya está produciendo resultados visibles.

En los últimos días, una operación contra una estructura del Estado Mayor Central en el departamento del Guaviare dejó al menos 20 muertos, según informó el presidente De la Espriella.

El Gobierno ha intensificado además los bombardeos contra campamentos y concentraciones de grupos armados en diferentes regiones.

En las primeras semanas de la nueva administración se realizaron operaciones en Catatumbo, Guaviare y otras zonas contra estructuras ilegales. Los reportes disponibles señalan que varias de estas operaciones dejaron muertos y también permitieron rescatar menores de edad que habían sido reclutados por los grupos armados.

Pero precisamente ahí aparece uno de los mayores dilemas de la estrategia.

Menores reclutados: el gran problema de los bombardeos

Las Fuerzas Militares enfrentan una dificultad particularmente compleja: los grupos armados utilizan menores de edad dentro de sus estructuras.

Esto significa que un ataque contra un campamento puede convertirse simultáneamente en una operación militar y en una crisis humanitaria si entre los integrantes se encuentran niños y adolescentes reclutados.

Un juez colombiano ordenó esta semana suspender bombardeos contra determinados campamentos debido a preocupaciones relacionadas con la presencia de menores reclutados.

El asunto amenaza con convertirse en uno de los principales puntos de choque entre el Gobierno y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Ejecutivo sostiene que los grupos armados utilizan deliberadamente a menores para dificultar las operaciones militares. Sus críticos responden que precisamente esa realidad obliga a extremar las medidas de inteligencia y verificación antes de ordenar un bombardeo.

Catatumbo vuelve a ser un polvorín

Uno de los puntos más peligrosos continúa siendo Catatumbo, en el noreste colombiano.

La región arrastra desde 2025 una grave crisis provocada por enfrentamientos entre el ELN y estructuras disidentes de las FARC, especialmente las vinculadas al Frente 33.

El conflicto ha producido desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos y disputas por el control de corredores utilizados para el narcotráfico.

Y esta semana la violencia volvió a escalar.

El viernes 4 de septiembre, aproximadamente 20 drones cargados con explosivos atacaron una instalación militar en Ocaña, Catatumbo. El ataque, atribuido por el Gobierno al ELN, dejó dos soldados muertos y cinco heridos.

El hecho demuestra que los grupos armados están incorporando tecnologías que hasta hace pocos años parecían reservadas a conflictos internacionales.

Drones: la nueva amenaza

El uso de drones comerciales modificados para transportar explosivos se ha convertido en una de las nuevas amenazas para las Fuerzas Militares y la Policía.

Los ataques permiten a las organizaciones armadas golpear bases y posiciones militares sin exponer directamente a sus combatientes.

El atentado de Ocaña es especialmente significativo porque ocurrió precisamente cuando el Gobierno desarrolla una ofensiva militar en la zona.

La respuesta de De la Espriella fue inmediata: prometió intensificar las operaciones contra los responsables.

El episodio evidencia, además, que una política de mayor presión militar puede generar una reacción igualmente violenta de las organizaciones armadas, al menos durante la primera etapa de la ofensiva.

Estados Unidos vuelve a tener un papel importante

El nuevo Gobierno colombiano también ha profundizado la cooperación con Washington en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Colombia participa actualmente en el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional de cooperación contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene prevista una visita a Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre, dentro de una gira regional que incluye también Ecuador y Perú. La agenda contempla asuntos de seguridad y cooperación antidrogas.

Esta nueva relación con Washington representa otro cambio respecto de la etapa de Petro, marcada por fuertes diferencias con la política antidrogas estadounidense.

¿Está ganando el Gobierno?

Aquí comienza la discusión entre los analistas.

Los sectores que respaldan la nueva estrategia sostienen que el Estado había perdido capacidad de disuasión y que los grupos armados aprovecharon los procesos de negociación para fortalecerse.

Desde esa perspectiva, la recuperación del control territorial exige primero una demostración contundente de fuerza.

Los críticos, en cambio, advierten que matar combatientes no equivale necesariamente a desmontar las estructuras criminales.

La experiencia colombiana muestra que cuando cae un comandante, otro puede ocupar su lugar si permanecen intactas las economías que financian la organización.

La Fundación Ideas para la Paz ya había advertido que el crecimiento de los grupos armados y la disputa territorial constituían uno de los principales problemas de seguridad del país.

La opinión de los analistas

Álvaro Villarraga, investigador y experto en conflicto armado y memoria histórica, ha advertido sobre los riesgos de reducir el complejo conflicto colombiano a una única narrativa de terrorismo. Su preocupación se relaciona con la necesidad de diferenciar entre los distintos actores, sus responsabilidades y las víctimas del conflicto.

La analista María Emma Wills también ha cuestionado la utilización política de la memoria del conflicto y ha señalado que la forma en que Colombia interpreta su pasado tiene consecuencias sobre la reconciliación y la comprensión de la violencia.

Desde otra perspectiva, los análisis de seguridad de la FIP apuntan a un problema estructural: el Estado enfrenta organizaciones armadas más numerosas y con mayor capacidad territorial, lo que hace insuficiente cualquier respuesta basada exclusivamente en una operación militar aislada.

Otros especialistas advierten que el reto no consiste solamente en recuperar territorio, sino en permanecer en él. Si después de una operación militar el Estado no lleva justicia, educación, salud, infraestructura, seguridad y oportunidades económicas, los grupos ilegales pueden regresar.

La gran apuesta de De la Espriella

El Gobierno ha escogido una fórmula de alto riesgo: más inteligencia, más Fuerza Pública, más operaciones militares y menos negociación con las organizaciones que continúan utilizando la violencia.

La estrategia tiene una ventaja política inmediata: responde a una sociedad cansada de secuestros, extorsiones, masacres, desplazamientos y ataques contra militares y policías.

Pero también tiene riesgos.

Los bombardeos pueden provocar bajas civiles o de menores reclutados; una presión militar excesiva puede aumentar temporalmente la violencia; y la fragmentación de los grupos armados puede hacer que la eliminación de una estructura produzca otra.

La experiencia de Colombia enseña que las organizaciones ilegales pueden ser golpeadas militarmente y, sin embargo, sobrevivir gracias al narcotráfico y al control de territorios estratégicos.

Colombia vuelve a hablar de guerra

La palabra “guerra” ha regresado con fuerza al vocabulario político colombiano.

El Gobierno la presenta como una lucha contra el terrorismo y las organizaciones criminales que desafían al Estado.

Sus críticos temen que el país vuelva a una lógica de confrontación sin suficientes controles y que los derechos humanos terminen pagando la factura.

En medio de esa disputa, las armas ya están hablando.

Drones explosivos en Catatumbo, bombardeos en Guaviare, operaciones contra las disidencias de las FARC y una renovada cooperación militar con Estados Unidos muestran que Colombia ha entrado en una etapa de confrontación abierta.

El gran interrogante es si esta vez la fuerza será suficiente para recuperar el territorio y desmantelar las economías ilegales o si, como ocurrió tantas veces en el pasado, la guerra terminará cambiando de nombre, de comandante y de uniforme, pero no de escenario.