¡Haití, un país secuestrado! ¿Quién manda realmente: el Estado o las pandillas?
La crisis de seguridad mantiene en jaque las instituciones, amenaza cualquier proceso electoral y deja a millones de ciudadanos atrapados entre el miedo, la violencia y la incertidumbre. Celebrar elecciones sin garantías puede abrir la puerta a una democracia bajo intimidación. Aplazarlas indefinidamente prolonga el vacío de poder.
Urnas bajo la sombra de los fusiles
Quién gobierna realmente Haití? ¿Las autoridades que ocupan los despachos oficiales o las organizaciones criminales que controlan territorios, intimidan comunidades y desafían a las fuerzas de seguridad?
Esta es la gran pregunta que persigue a una nación sumida en una profunda crisis institucional y de seguridad. Sobre el papel existen un gobierno, instituciones públicas, una Policía Nacional, un Consejo Electoral y una fuerza internacional de apoyo.
Sin embargo, en amplias zonas del país, las pandillas continúan representando una amenaza directa para la población y para cualquier intento de recuperar la normalidad democrática.
Un Estado formal frente a un poder armado
La crisis haitiana revela una contradicción dramática: las instituciones existen, pero su capacidad para garantizar la seguridad y ejercer autoridad efectiva sigue severamente limitada.
Las organizaciones criminales han demostrado capacidad para adaptarse a los operativos, cambiar sus tácticas y recurrir a secuestros, amenazas y represalias contra civiles.
La violencia también afecta comunidades rurales, ampliando el alcance de una crisis que no se limita a Puerto Príncipe.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en desplegar más agentes o ejecutar nuevas operaciones. El desafío es restablecer una autoridad estatal capaz de proteger a la población de manera sostenida, garantizar el acceso a los servicios básicos y recuperar los territorios donde las instituciones han perdido capacidad de actuación.
Elecciones: entre la urgencia y el riesgo
Haití enfrenta un dilema político de consecuencias profundas.
Celebrar elecciones sin condiciones mínimas de seguridad puede convertir el voto en una víctima de la intimidación armada. Pero aplazarlas indefinidamente prolonga la incertidumbre institucional.
En territorios dominados o en comunidades amenazadas por pandillas, los ciudadanos podrían enfrentar obstáculos para acudir a las urnas, mientras los candidatos y sus equipos tendrían dificultades para hacer campaña con libertad.
En esas condiciones, la celebración de elecciones no garantiza por sí sola la legitimidad democrática. Para que el resultado represente la voluntad popular, es indispensable que los ciudadanos puedan votar sin amenazas y que los candidatos compitan sin coerción.
Pero la salida tampoco puede consistir en mantener indefinidamente al país sin una solución política legítima. Haití necesita una ruta electoral creíble, acompañada de garantías de seguridad, transparencia y participación ciudadana.
Haití necesita mucho más que urnas
La recuperación democrática exige algo elemental: que el Estado pueda ejercer legítimamente la autoridad y proteger a sus ciudadanos.
Sin carreteras seguras, una Policía con capacidad operativa, tribunales funcionales, hospitales accesibles, escuelas abiertas y libertad de movimiento, cualquier calendario electoral corre el riesgo de quedarse en una promesa.
La comunidad internacional puede aportar recursos, entrenar agentes, desplegar personal especializado y respaldar la organización de los comicios. Pero ninguna asistencia externa sustituye la necesidad de construir instituciones haitianas capaces de funcionar y responder ante la ciudadanía.
La meta debe ser que el ciudadano vuelva a tener más poder que el fusil.
El fantasma del asesinato de Jovenel Moïse
El asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, sigue siendo una herida profunda en la historia reciente de Haití.
Las dificultades y los reveses judiciales relacionados con el caso se suman a una crisis que ha debilitado la confianza en las instituciones.
Desde entonces, el país ha sufrido una prolongada inestabilidad política, una expansión de la violencia armada, desplazamientos de población y un deterioro de las condiciones económicas y sociales.
No puede atribuirse toda la crisis a un solo acontecimiento, pero el magnicidio simboliza la fragilidad de un sistema que todavía lucha por establecer responsabilidades, recuperar la autoridad pública y ofrecer a sus ciudadanos una perspectiva de estabilidad.
La pregunta que nadie puede esquivar
¿Quién va a recuperar Haití: las instituciones o las armas?
La respuesta no depende exclusivamente de una operación militar ni de una fecha electoral. Requiere seguridad sostenida, justicia, reconstrucción institucional, servicios públicos y un proceso político capaz de recuperar la confianza de la población.
Porque si algún día vuelven las urnas, pero las pandillas continúan intimidando a los ciudadanos, restringiendo la circulación y amenazando a quienes aspiran a participar en la vida pública, Haití podrá celebrar elecciones sin haber recuperado plenamente la democracia.
Haití no necesita solamente una fecha electoral. Necesita condiciones para que el pueblo pueda elegir libremente su futuro y para que el Estado vuelva a protegerlo.
