Por Augusto Álvarez

Cualquier extranjero que se encuentre en nuestro territorio y violente nuestras leyes debe ser detenido, y corresponde a Migración cumplir con su deber sin titubeos.

Sin embargo, las políticas migratorias deben aplicarse con equidad.

No pueden depender del color de la piel ni de la nacionalidad, sino del respeto o la violación de la ley.

Hoy, las autoridades parecen concentrar su atención casi exclusivamente en los indocumentados provenientes del otro lado de la frontera común, dejando interrogantes sobre la uniformidad en la aplicación de la justicia.

Ciudadanos extranjeros —incluidos algunos de origen chino y de otras procedencias— han sido vinculados a hechos delictivos. A diferencia de otros casos, surge la duda sobre si las medidas han sido iguales para todos.

El color de la piel no es un delito, como tampoco lo es el origen. La pregunta es inevitable: ¿han sido deportados todos los extranjeros que han infringido nuestras leyes migratorias?

Perseguir a quienes cometen crímenes graves, como la trata de personas, la explotación de mujeres y niñas o el tráfico de órganos, no solo está bien, sino que es una obligación del Estado. Pero también es fundamental la transparencia: ¿se publican sus identidades?, ¿se aplican los mismos procedimientos?, ¿son trasladados por igual a centros de retención como el de Haina?

La aplicación de la ley no debe ser selectiva. La justicia, para ser creíble, tiene que ser igual para todos.