SANTO DOMINGO, R.D.

Pese al creciente reclamo de juristas, académicos y diversos sectores de la sociedad para que se posponga la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó este martes el proyecto de ley presentado por el senador de La Romana, Eduard Espíritusanto, que proponía extender el período de vacatio legis de la Ley núm. 74-25.

La iniciativa no planteaba modificar el contenido del Código Penal ni reabrir el debate legislativo sobre la reforma. Su único objetivo era ampliar el plazo para la entrada en vigor de la norma, con el fin de facilitar una mayor adecuación institucional, reforzar la seguridad jurídica y permitir una revisión técnica de las observaciones formuladas por especialistas del ámbito jurídico.

Durante la presentación de la propuesta, el senador Espíritusanto explicó que su proyecto buscaba garantizar que una legislación de tanta trascendencia para el país pudiera implementarse con mayores niveles de preparación institucional, coherencia normativa y certeza jurídica.

El legislador recordó que actualmente cursan ante el Tribunal Constitucional varias acciones directas de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley núm. 74-25 y que numerosos juristas, jueces, académicos e instituciones especializadas han recomendado conceder un plazo adicional para revisar y armonizar algunos aspectos de la normativa antes de su entrada en vigencia.

Sin embargo, la mayoría oficialista del PRM rechazó la iniciativa, impidiendo que el Congreso Nacional conociera una propuesta que únicamente procuraba aplazar la aplicación del nuevo Código Penal.

Tras la decisión, Espíritusanto lamentó que se desaprovechara la oportunidad de construir un mayor consenso en torno a una de las reformas jurídicas más importantes de las últimas décadas.

A su juicio, la prudencia legislativa y la seguridad jurídica debían prevalecer frente a una reforma penal de amplio alcance, especialmente cuando existen cuestionamientos constitucionales pendientes de decisión y observaciones técnicas formuladas por distintos sectores del sistema de justicia.

Con el rechazo del proyecto, se mantiene inalterable el calendario originalmente aprobado por el Congreso, por lo que la Ley núm. 74-25 entrará en vigencia en los primeros días de agosto de 2026, salvo que el Tribunal Constitucional o una nueva iniciativa legislativa modifiquen ese escenario.