SANTO DOMINGO, R.D.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) exigió una investigación inmediata y exhaustiva sobre las denuncias de que mercancías declaradas en tránsito o con destino a Haití estarían siendo descargadas y comercializadas en República Dominicana sin el pago de los impuestos correspondientes.

La entidad considera que, de comprobarse las denuncias, no se estaría frente a una simple irregularidad administrativa, sino ante hechos que podrían tener implicaciones aduaneras, tributarias y penales, además de generar competencia desleal contra los comerciantes y empresarios que cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales.

ADOCCO reclamó la intervención coordinada de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio Público y cualquier otra institución con competencia en la materia, a fin de establecer qué mercancías fueron declaradas para exportación o tránsito hacia Haití, cuáles efectivamente salieron del país y cuáles pudieron haber sido desviadas al mercado nacional.

¿Mercancías para Haití que terminan en supermercados dominicanos?

De acuerdo con las denuncias citadas por ADOCCO, comerciantes y exportadores habrían detectado operaciones en las que mercancías declaradas con destino a Haití son descargadas en almacenes y naves ubicados tanto en Santo Domingo como en zonas próximas a la frontera dominico-haitiana.

La organización sostiene que algunas de esas mercancías, particularmente productos alimenticios, terminarían siendo reempacadas y colocadas en góndolas de establecimientos comerciales dominicanos.

ADOCCO aclara que se trata de denuncias que deben ser verificadas por las autoridades y no de hechos que puedan darse por probados de antemano. Precisamente por ello, reclama una investigación que permita determinar si existe un patrón organizado, quiénes participan y cuál sería el eventual perjuicio para el Estado.

El punto clave: seguir la ruta de cada mercancía

Para ADOCCO, la investigación debe comenzar por reconstruir la ruta completa de los productos.

Esto implica cruzar las declaraciones aduaneras con los comprobantes fiscales, manifiestos de carga, empresas exportadoras, transportistas, almacenes, documentos de tránsito y registros que permitan confirmar la salida efectiva de las mercancías por los puntos fronterizos.

La organización entiende que no basta con presentar una declaración de exportación. Lo determinante es comprobar que la mercancía recibió realmente el destino declarado.

¿Cuánto dinero habría dejado de recibir el Estado?

ADOCCO pidió determinar el monto de los impuestos que eventualmente se habrían dejado de pagar si mercancías beneficiadas con un tratamiento fiscal correspondiente a operaciones de exportación terminaron comercializándose dentro del país.

La entidad advierte que, de comprobarse un esquema de esta naturaleza, existiría una doble afectación: el Estado dejaría de percibir recursos y los comerciantes que cumplen con sus obligaciones quedarían en desventaja frente a quienes operarían al margen de la ley.

La organización recordó que las exportaciones tienen un tratamiento tributario específico y que la documentación que acredita la operación debe permitir demostrar que la mercancía efectivamente salió del territorio nacional.

La lupa debe ponerse también sobre los funcionarios

ADOCCO considera que una eventual investigación no puede limitarse a empresarios, exportadores o comerciantes.

También debe determinarse quién autorizó, verificó o certificó cada etapa de las operaciones, cuáles controles fueron aplicados y si hubo negligencia, tolerancia, omisión deliberada o complicidad de funcionarios públicos.

“Si mercancías que reciben tratamiento fiscal por estar destinadas a Haití terminan siendo comercializadas en República Dominicana sin pagar los impuestos correspondientes, el Estado y los contribuyentes cumplidores estarían siendo perjudicados”, sostuvo la organización.

Auditoría especial a las operaciones hacia Haití

ADOCCO propuso una auditoría especial sobre las operaciones declaradas con destino a Haití durante un período suficientemente amplio y representativo, con prioridad para mercancías de alto valor y empresas que hayan realizado operaciones similares de manera recurrente.

La revisión, según la entidad, debería establecer:

• El volumen y valor de las mercancías declaradas.
• Las empresas y personas involucradas.
• La evidencia de salida efectiva del territorio nacional.
• Los impuestos eventualmente dejados de percibir.
• La ruta de las mercancías desde su origen hasta la frontera.
• Los beneficiarios económicos de las operaciones.
• La actuación de funcionarios responsables de los controles.
• La existencia de patrones que permitan determinar si se trata de casos aislados o de un mecanismo organizado.

ADOCCO: “No basta con investigar un cargamento”

La organización considera que, si aparecen indicios de una práctica reiterada, las autoridades deben ampliar la investigación y revisar operaciones anteriores para establecer cuándo comenzó el supuesto mecanismo, quiénes participaron y cuál ha sido su dimensión económica.

“Si existen indicios razonables de una práctica reiterada, debe reconstruirse retrospectivamente el comportamiento de las operaciones para determinar su verdadera dimensión económica”, planteó ADOCCO.

La entidad también llamó a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para cruzar información entre Aduanas, DGII, empresas exportadoras, transportistas, almacenes y registros de entrada y salida de mercancías.

¿Corrupción privada sin consecuencias?

ADOCCO sostuvo que la lucha contra la corrupción no puede concentrarse exclusivamente en funcionarios públicos. Si empresarios o particulares participan deliberadamente en mecanismos destinados a evadir impuestos, también deben responder ante la justicia cuando las investigaciones determinen que incurrieron en violaciones a la ley.

La organización entiende que la corrupción privada, la evasión y la defraudación fiscal también deben ser perseguidas, especialmente cuando generan ventajas económicas indebidas y perjudican las finanzas públicas.

El Estado tiene que saber qué entra y qué sale

Para ADOCCO, el caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad del comercio entre República Dominicana y Haití.

La organización considera fundamental que las autoridades puedan determinar, de principio a fin, qué mercancía fue declarada, quién la transportó, dónde fue descargada, cuál era su destino final y si efectivamente cruzó la frontera.

Cualquier brecha en esa cadena de control puede convertirse en una oportunidad para el fraude, la evasión tributaria y el contrabando.

ADOCCO dará seguimiento

Finalmente, ADOCCO reiteró su llamado a las autoridades para que investiguen las denuncias y determinen responsabilidades, sin prejuzgar ni condenar a ninguna persona o empresa antes de que existan evidencias y decisiones judiciales.

La organización anunció que dará seguimiento a las actuaciones de las instituciones competentes y que, de comprobarse violaciones a la ley, procederá por las vías correspondientes contra quienes resulten responsables.

El mensaje de ADOCCO es directo: si una mercancía recibe beneficios fiscales porque supuestamente va para Haití, pero termina vendiéndose en República Dominicana, alguien tiene que explicar dónde quedó la mercancía, dónde quedaron los impuestos y quién se quedó con el beneficio.