Cuando la justicia mira al ombligo, la frontera se desangra y los «intercambios» huelen mal

Poder Judicial, ejecuciones policiales, frontera y turismo: demasiados fuegos para seguir echándole gasolina al silencio. Y cuando nadie quiere investigar, la pelota pica, rebota y se va de jonrón.

Buenas tardes…

Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, acaba de poner sobre la mesa una de esas verdades que incomodan.

A su juicio, el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, hizo un buen trabajo y dio continuidad a la primera ola de reformas del Poder Judicial iniciada por Jorge Subero Isa.

Pero —¡ojo al Cristo!— también señaló que Molina terminó atrapado por el «espíritu endogámico» que, según su valoración, afecta a los poderes judiciales: se miran el ombligo, se sienten todopoderosos y terminan creyendo que el mundo comienza y termina dentro del mismo tren.

Y aquí está la clave: lo que necesita el Poder Judicial es independencia judicial. No independencia política. Y mucho menos independencia para proteger intereses personales o grupales.

El país necesita cambios en la Justicia, pero cambios de verdad. Ni retrocesos, ni complacencias, ni puestos repartidos como si fueran caramelos. Que se llegue por méritos.

No por aclamación. No por presión. Y mucho menos porque determinados sectores quieran ponerle el sello a la Suprema Corte de Justicia. Porque cuando la Justicia comienza a parecer un club privado, ¡ay, mamá!, la democracia se pone a dieta.

Mientras en el Poder Judicial se discute independencia, en las calles continúa otra película mucho más sangrienta: las muertes durante intervenciones policiales.

Y esto no es un jueguito. Cada muerte presentada como un supuesto «intercambio de disparos» aumenta las preguntas, las dudas y el descrédito de esa versión.

El problema ya no es solamente policial. Es institucional. Es jurídico. Y hasta de imagen internacional.

Porque cuando comienzan a acumularse cadáveres y las explicaciones siempre parecen salir del mismo molde, afuera también miran.

Y eso puede terminar afectando la imagen de la República Dominicana y, de paso, una de sus principales fuentes de ingresos: el turismo.

Nadie quiere vender como destino paradisíaco un país donde, desde el exterior, comiencen a preguntarse si la delincuencia es tan incontrolable que el Estado terminó resolviéndola a tiros.

Nayib Bukele enfrentó una delincuencia brutal y durante esa guerra, de varios años, se reportaron cientos de muertos, con una parte importante de esos fallecimientos vinculados a conflictos dentro de los centros penitenciarios.

Pero hay una diferencia que merece atención: hoy, la percepción de seguridad en El Salvador ha cambiado radicalmente y muchas personas pueden caminar por calles y sectores donde antes hacerlo era jugarse la vida.

En República Dominicana, entretanto, rondan las 238 muertes en los llamados «intercambios de disparos» durante 2026, según cifras que hemos venido recopilando. y en los últimos 46 días, casi dos por día.

Y aquí viene la pregunta de cajón: ¿Cómo es posible que haya tantos muertos y, al mismo tiempo, el ciudadano común siga sintiendo miedo al transitar por cualquier sectores? 

Algo no cuadra. Y cuando algo no cuadra, lo sensato es investigar.

Mientras tanto, seguimos recibiendo denuncias sobre el desastre que, según distintas fuentes, persiste en determinados puntos de la frontera dominico-haitiana.

Continúan las denuncias sobre entrada de indocumentados y también se comenta que algunos líderes de pandillas haitianas podrían estar entrando a territorio dominicano con una facilidad que, si se confirma, sería para poner los pelos de punta. Eso huele a peligro y merece una investigación seria.

Los dominicanos están cansados de denunciar lo que consideran una mafia fronteriza. Por un lado, el supuesto trasiego de armas y otros pertrechos; por otro, la entrada de sustancias ilícitas. Eso no es nada nuevo. Pero se ha incrementado de manera alarmante. Y la ONU ya habló.

Si se investiga correctamente y con independencia, los resultados dirán qué hay de cierto. Pero, por favor, una investigación de verdad. No una investigación para complacer amigos, enemigos, funcionarios, partidos o grupos de presión.

Después de las denuncias formuladas por el obispo de San Juan, Elías Piña y Azua, hemos conocido versiones sobre supuestas agresiones contra parroquias de la zona fronteriza y amenazas contra sacerdotes y líderes religiosos. ¡Ojo, presidente Luis Abinader!

Si esas amenazas se están produciendo, deben investigarse. Y si provienen tanto de haitianos como de dominicanos, como se comenta, entonces el asunto es todavía más delicado. La frontera no puede convertirse en tierra de nadie.

El presidente Abinader ha exhortado públicamente a los delincuentes a cambiar de conducta y, según las autoridades, esa política ha producido resultados. Casi 100 se han entregados y más de 80 han sido ejecutados.

Pues bien: ¿por qué no aplicar una estrategia igualmente firme contra quienes trafican con personas, armas y drogas en la frontera?

• Que se investigue.
• Que se persiga.
• Que se someta a la Justicia a quien haya que someter.
• Y que caiga quien tenga que caer.

Y terminamos donde comenzamos: en la Justicia. En los casos de San Juan de la Maguana y del ensanche La Paz, en el Distrito Nacional, existen denuncias y cuestionamientos que no pueden despacharse con un simple «intercambio de disparos».

Si hubo abuso, que se determine. Si hubo una actuación legítima, que las pruebas lo demuestren. Porque para eso existe el Ministerio Público. Para eso existen los tribunales. Y para eso existe la ley.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que cada cadáver produzca una explicación automática y ninguna consecuencia. Porque cuando no hay régimen de consecuencias, la pelota pica, rebota, se extiende… y termina fuera del terreno.