Unos salen corriendo cuando la justicia les pisa los talones; otros tienen que explicar de dónde salió tanta riqueza, mientras las denuncias esperan respuestas y la Policía sigue con el gatillo demasiado alegre. ¡El horno no está para galletitas!

Buenos días…

Flávio Bolsonaro se cuadró como gallo de pelea, cacareó como si tuviera el Palacio Presidencial en el bolsillo y, cuando la cosa se puso color de hormiga, terminó en Estados Unidos. ¡Mucho ruido, mucha pluma y, al final, a correr!

El hijo de Jair Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva en las elecciones brasileñas, salió de Brasil después de incumplir una orden judicial relacionada con la entrega de sus pasaportes y la prohibición de abandonar el país.

El caso está vinculado a una investigación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero y otras actuaciones bajo escrutinio judicial.

¡Qué paradoja! El hombre que aspiraba a dirigir una de las principales potencias de América Latina terminó protagonizando una salida que plantea más preguntas que respuestas.

Y sin que la Justicia haya emitido una decisión definitiva, Flávio salió de Brasil a escondidas, desobedeciendo una orden que le impedía abandonar el país. Aunque jurídicamente no se le pueda calificar de prófugo, sin que se cumplan las condiciones legales correspondientes, su salida deja una pregunta incómoda en el aire: ¿por qué abandonar su patria de esa manera si no tenía nada que temer?

Tarde o temprano tendrá que explicar por qué se marchó cuando la Justicia le había ordenado quedarse. Porque una cosa es proclamarse gallo de pelea y otra muy distinta es salir por la puerta de atrás cuando comienzan las preguntas.

Su padre, por lo menos, no salió huyendo de Brasil en estas circunstancias. Y aquí viene otra ironía: Lula podría considerar un indulto para Jair Bolsonaro, si legalmente procede y se cumplen las condiciones correspondientes.

¡Pero eso no significa que la política deba convertirse en una lavadora automática de responsabilidades!

La huida de Flávio, si así termina calificándola la Justicia, deja a sus aliados con un problema de liderazgo y abre interrogantes sobre su futuro político. Porque una cosa es perder las elecciones y otra muy distinta es tener que dar explicaciones por una salida bajo semejantes circunstancias.

El director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), Luis Felipe Cartagena, tiene una tarea que no admite mareos, excusas ni reuniones para ganar tiempo. Debe investigar las denuncias de presuntos malos tratos contra niños que utilizan el transporte escolar en Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este.

¡Y que nadie venga con el cuento de que se trata de una denuncia más!

Son padres y familiares quienes han levantado la voz. Cuando se trata de niños, la respuesta institucional debe ser inmediata, seria y transparente. No se puede esperar a que el problema crezca, aparezca un video escandaloso o se produzca un hecho irreparable para comenzar a preguntar qué ocurrió.

Señor Cartagena, investigue, escuche a los padres, entreviste a los menores mediante procedimientos adecuados y revise las actuaciones del personal involucrado. Si se comprueban responsabilidades, aplique las medidas que correspondan, respetando el debido proceso.

Quien esté cuestionado por presuntos maltratos a escolares no debe quedar fuera de toda supervisión mientras se investiga. La protección de los niños tiene que estar primero, sin condenas anticipadas ni encubrimientos.

Y atención, presidente Luis Abinader: el transporte escolar no es un negocio cualquiera. Allí se deposita la confianza de las familias y la seguridad de sus hijos. ¡Con los muchachos no se juega!

En la administración pública hacen falta ética, transparencia y funcionarios dispuestos a rendir cuentas sin ponerse bravos cuando alguien pregunta.

Por eso, si existen denuncias o indicios verificables sobre posibles negocios irregulares relacionados con el pasaporte dominicano, el presidente Abinader y las autoridades competentes deben procurar una investigación seria, independiente y documentada.

El pasaporte no es una mercancía para satisfacer intereses particulares ni una puerta para privilegios clandestinos. Es un documento oficial que compromete la credibilidad del Estado dominicano.

Aquí no se trata de fabricar culpables ni de condenar a nadie por comentarios de pasillo. Se trata de establecer qué ocurrió, quién intervino, si hubo dinero de por medio y si se violaron las normas.

Cuando se habla de documentos oficiales, la transparencia no es un favor, es una obligación.