ONU, OEA y defensores de derechos humanos
Mucho discurso, poca defensa
La humanidad creó organismos como la ONU y la OEA con la esperanza de que sirvieran como guardianes de la paz, la justicia y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la realidad ha sido mucho más decepcionante.
Hoy, millones de personas observan guerras, invasiones, genocidios, crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos, mientras estos organismos emiten comunicados, convocan reuniones y aprueban resoluciones que, en demasiadas ocasiones, terminan archivadas en algún escritorio.
La pregunta es simple: ¿para qué sirven organismos internacionales, cuyas decisiones nadie está obligado a respetar?
La ONU y la OEA parecen haber perdido gran parte de la autoridad moral que alguna vez reclamaron.
Sus posiciones suelen estar condicionadas por los intereses de las grandes potencias, mientras los pueblos afectados continúan pagando con sangre, hambre y sufrimiento los costos de los conflictos.
Las resoluciones se anuncian con bombos y platillos, pero las bombas siguen cayendo, los civiles siguen muriendo y las guerras continúan.
Lo mismo ocurre con numerosos organismos defensores de derechos humanos. Su función debería ser vigilar, denunciar y exigir consecuencias frente a los abusos del poder.
Sin embargo, en muchos países parecen actuar con una selectividad que resulta difícil de explicar.
Hablan con fuerza sobre algunos casos, pero guardan silencio frente a otros.
En RD, preguntas que merecen respuestas
En República Dominicana también existen preguntas que merecen respuestas.
Durante años se han producido hechos que han generado profunda preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Casos en los que familiares, comunitarios y organizaciones han denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
Entre ellos figura el reciente caso de un joven abatido en La Vega, donde videos difundidos públicamente han generado interrogantes sobre la actuación policial y han provocado reclamos de una investigación transparente e independiente.
También permanece en la memoria colectiva el caso de La Barranquita, en Santiago, donde la versión inicial de un supuesto intercambio de disparos fue posteriormente cuestionada por resultados periciales presentados por las autoridades.
A ello se suman otros episodios que han generado indignación nacional y que han sido ampliamente debatidos en la opinión pública.
Lo preocupante es que, ante situaciones de esta naturaleza, muchos ciudadanos perciben una ausencia de voces firmes por parte de instituciones llamadas a defender los derechos fundamentales.
El caso de la Defensoría del Pueblo merece una reflexión aparte.
Su misión es defender al ciudadano frente a abusos, arbitrariedades y vulneraciones de derechos.
Sin embargo, una parte importante de la población se pregunta dónde está esa institución cuando ocurren hechos que estremecen a la opinión pública.
La ciudadanía espera una Defensoría visible, activa e incómoda para el poder cuando sea necesario. Una institución que cuestione, investigue, reclame y acompañe a las víctimas. No una oficina silenciosa que solo aparezca en actividades protocolares.
Mientras tanto, los problemas cotidianos continúan acumulándose: delincuencia, narcotráfico, altos precios de los alimentos y medicamentos, apagones, escasez de agua, caos en el tránsito, denuncias de corrupción y cuestionamientos a la actuación de algunos organismos de seguridad.
Frente a todo esto, el silencio institucional se convierte en un problema tan grave como los propios hechos denunciados.
Porque los derechos humanos no pueden defenderse por conveniencia política, ni según quién sea la víctima o quién ostente el poder. Se defienden siempre o no se defienden.
Y cuando las instituciones creadas para proteger al ciudadano guardan silencio frente a hechos que conmocionan a la sociedad, terminan perdiendo lo único que les da legitimidad: la confianza de la gente.
