Por Rebeca Henríquez
Presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cerró el 2025 con RD$913,821.7 millones recaudados, con un crecimiento del 7.9 % respecto al año anterior.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos alcanzaron RD$244,956.2 millones, superando la meta en un 103.4 %. Estos recursos provienen del esfuerzo de todo el pueblo: ITBIS, Impuesto sobre la Renta, gravámenes a combustibles, alimentos y bienes básicos.

A esto se suman asignaciones presupuestarias específicas:

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) dispuso para el año 2025 de un presupuesto aprobado de RD$1,932,937,780.90, destinado a programas de protección y asistencia a los adultos mayores.

El CONANI cuenta con RD$2,241,703,924 en 2026 para la niñez y la adolescencia.

Además, el Congreso Nacional, por medio del Senado, ha aprobado en lo que va de año nuevos préstamos por montos significativos; en los últimos años, el endeudamiento total ha crecido de forma considerable.

Como defensores de derechos humanos, nos surge una pregunta legítima y pública: ¿dónde se está quedando lo recaudado por la DGII y los recursos provenientes de los préstamos aprobados por los honorables senadores?

“El pueblo aporta con su trabajo y su consumo, y asume la responsabilidad de las deudas contraídas; por tanto, tiene el derecho innegable de ver reflejado cada centavo en soluciones reales, no solo en cifras sobre el papel”.

Porque, a pesar de estos montos, la realidad muestra que se vulneran derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución:

Se viola el derecho a la salud: faltan centros de atención adecuados, medicamentos completos, espacios especializados para personas con condiciones de salud mental y atención digna para pacientes de escasos recursos. También persiste la falta de agua potable en numerosos sectores, un servicio esencial para la higiene, la prevención de enfermedades y la vida diaria.

Se viola el derecho a la educación: muchas escuelas se encuentran en condiciones precarias, sin aulas suficientes, mobiliario adecuado ni servicios básicos. Incluso se han registrado casos en los que niños y niñas reciben clases en instalaciones improvisadas, como locales de funerarias, espacios que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, higiene y bienestar.

Se vulneran los derechos de las personas con discapacidad: existen personas que cuentan con su certificación oficial de discapacidad, pero aun así no reciben la pensión ni el apoyo económico que establece la ley para garantizar su subsistencia y autonomía.

Además, persisten otras carencias graves:

No hay centros suficientes para albergar y atender dignamente a adultos mayores desamparados ni a niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Calles, aceras y contenes permanecen sin mantenimiento, poniendo en riesgo la seguridad de todos.

No comprendemos por qué la calidad de vida sigue siendo tan deprimente cuando hay tantos recursos aprobados y recaudados.

Desde nuestra institución, exigimos transparencia total y rendición de cuentas claras: que se detalle dónde se invierte cada peso, cómo se ejecutan los préstamos y por qué no se garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos de la población. El Estado tiene la obligación de usar los recursos públicos para hacer realidad el derecho a la salud, al agua, a la educación, a la protección social y a una vida digna para todos.