¿Cárcel y devolución del dinero? El país exige ambas cosas
Por Margarita de la Rosa
La ratificación de la prisión preventiva contra Santiago Hazim vuelve a colocar sobre la mesa un debate que trasciende a una sola persona. No se trata únicamente de decidir quién permanece tras las rejas, sino de preguntarnos qué gana realmente la sociedad cuando se juzgan los grandes casos de corrupción.
Como ciudadana, me preocupa tanto que se haga justicia como que el Estado recupere hasta el último peso que, de comprobarse su malversación, salió del patrimonio público.
El dinero público no pertenece a un gobierno ni a un funcionario; pertenece a millones de dominicanos que esperan hospitales dignos, escuelas equipadas, carreteras seguras y servicios de calidad.
Una larga condena puede satisfacer el reclamo de castigo, pero por sí sola no construye una escuela, no compra medicamentos, no mejora el sistema eléctrico ni devuelve las oportunidades perdidas. En cambio, la recuperación de los recursos sustraídos sí puede traducirse en beneficios concretos para la población.
Ese principio debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. No solo a Santiago Hazim, sino a todos los involucrados en ese presunto entramado, si los tribunales establecen su responsabilidad. La ley debe ser igual para todos, y la obligación de resarcir al Estado también.
La lucha contra la corrupción será verdaderamente efectiva cuando quienes administren fondos públicos sepan que no solo pueden perder su libertad, sino también todo aquello que hayan obtenido de manera ilícita. Que el patrimonio del Estado regrese a donde nunca debió salir.
Porque, al final, la mayor reparación para el país no es ver a alguien tras las rejas, sino ver que los recursos del pueblo vuelven al pueblo.
