Por Augusto Álvarez

La versión oficial que dio cuenta del presunto suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández conduce a quienes razonan a formular una primera pregunta: ¿el anillo de seguridad del jefe de Estado estaba de vacaciones colectivas aquel fatídico 4 de julio?

Entonces surge otra interrogante: si la estrecha seguridad presidencial no pudo impedir que un jefe de Estado se quitara la vida, ¿cuál era realmente su función?

Es posible que portar un arma sea una decisión personal y no implique entregarse por completo a la seguridad asignada, sobre todo cuando esa estructura era heredera de una larga tradición de gobiernos autoritarios, como ocurría con la que protegía a Don Antonio Guzmán.

La historia registra otros casos similares. Basta recordar al presidente Getúlio Vargas, en Brasil, quien se suicidó en 1954; al expresidente cubano Carlos Prío Socarrás, que puso fin a su vida en Miami tras haber sido derrocado; y al expresidente peruano Alan García, quien se suicidó cuando las autoridades acudieron a arrestarlo por un caso de corrupción, evitando así enfrentar un proceso judicial que podía conducirlo al penal de Barbadillo.

Distinto fue el caso del presidente chileno Salvador Allende, quien murió el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado que derrocó su gobierno, permaneciendo en el Palacio de La Moneda mientras las fuerzas militares tomaban el poder.

Y volvemos a la pregunta de fondo: si un presidente cuenta con un dispositivo de seguridad permanente y altamente especializado, ¿debe portar un arma de fuego? ¿Dónde termina la protección y dónde comienza la responsabilidad de quienes tienen a su cargo su seguridad?