El informe oficial también establece que:
- Entre el 55.2 % y el 59 % de los homicidios obedecen a conflictos interpersonales, riñas o hechos de carácter pasional.
- Cerca del 27 % está relacionado con actividades delictivas.
- Más del 70 % de las víctimas son hombres jóvenes, principalmente residentes en zonas urbanas.
Aunque la organización valora la reducción reflejada en las estadísticas, sostiene que los resultados aún no se traducen en una percepción real de seguridad para la población.
«La disminución de los indicadores constituye un dato positivo; sin embargo, la persistencia de cientos de homicidios demuestra que la violencia continúa siendo un desafío de primer orden y que la ciudadanía todavía enfrenta riesgos importantes para su integridad y su vida», señala el documento.
Persisten las causas estructurales
La Fundación, que es presidida por la líder comunitaria y social, Rebeca Henríquez, considera que el predominio de los conflictos sociales y personales como principal causa de los homicidios evidencia que las políticas públicas han privilegiado la respuesta policial sobre las acciones preventivas.
A juicio de la entidad, factores como la desigualdad, la falta de oportunidades, el limitado acceso a la justicia y la ausencia de mecanismos eficaces para la resolución pacífica de conflictos continúan alimentando los niveles de violencia.
Asimismo, advierte que, pese a los programas y operativos anunciados por las autoridades, el perfil de las víctimas y las causas que originan los homicidios prácticamente no han variado, lo que sugiere que aún no se están atacando las raíces del problema.
Llamado a revisar las políticas de seguridad
Ante este panorama, la Fundación Derechos Humanos Global exhortó a las autoridades competentes a realizar una evaluación independiente, objetiva y transparente de las políticas de seguridad actualmente en ejecución.
También planteó la necesidad de rediseñar la estrategia nacional incorporando un enfoque integral que combine prevención, fortalecimiento institucional, respeto a los derechos humanos y mayor inversión social.
En ese sentido, recomendó destinar mayores recursos a programas de educación, generación de empleo, salud mental, desarrollo comunitario y fortalecimiento del sistema de justicia, al considerar que estos factores constituyen herramientas esenciales para reducir la violencia de manera sostenible.
Finalmente, la organización precisó que su análisis tiene un carácter estrictamente informativo y de interés público, sustentado en datos oficiales y observaciones generales, sin atribuir responsabilidades individuales ni emitir juicios que carezcan de respaldo verificable.
La Fundación recordó que este tipo de pronunciamientos se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación ciudadana, garantizados por la Constitución de la República Dominicana y los instrumentos internacionales de derechos humanos.