OPINION

Menos homicidios en las estadísticas, pero la violencia sigue ganando las calles

La Fundación Derechos Humanos Global reconoce la reducción reportada en los homicidios durante el primer semestre de 2026, pero advierte que las políticas de seguridad no han logrado atacar las causas estructurales de la violencia y reclama una estrategia integral que priorice la prevención, la justicia y los derechos humanos.

La Fundación Derechos Humanos Global, en el marco de su labor de observación independiente y promoción de los derechos humanos, emitió este martes un análisis sobre las cifras oficiales de homicidios correspondientes al primer semestre de 2026, en el que reconoce la disminución estadística de los hechos violentos, aunque considera que las políticas de seguridad implementadas hasta la fecha siguen siendo insuficientes para garantizar una protección efectiva y sostenible del derecho a la vida.

De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros seis meses del año se registraron 609 homicidios en el territorio nacional, lo que representa una reducción acumulada del 44.3 % en comparación con el mismo período de 2023 y sitúa la tasa nacional en 6.98 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El informe oficial también establece que:

  • Entre el 55.2 % y el 59 % de los homicidios obedecen a conflictos interpersonales, riñas o hechos de carácter pasional.
  • Cerca del 27 % está relacionado con actividades delictivas.
  • Más del 70 % de las víctimas son hombres jóvenes, principalmente residentes en zonas urbanas.

Aunque la organización valora la reducción reflejada en las estadísticas, sostiene que los resultados aún no se traducen en una percepción real de seguridad para la población.

«La disminución de los indicadores constituye un dato positivo; sin embargo, la persistencia de cientos de homicidios demuestra que la violencia continúa siendo un desafío de primer orden y que la ciudadanía todavía enfrenta riesgos importantes para su integridad y su vida», señala el documento.

Persisten las causas estructurales

La Fundación, que es presidida por la líder comunitaria y social, Rebeca Henríquez, considera que el predominio de los conflictos sociales y personales como principal causa de los homicidios evidencia que las políticas públicas han privilegiado la respuesta policial sobre las acciones preventivas.

A juicio de la entidad, factores como la desigualdad, la falta de oportunidades, el limitado acceso a la justicia y la ausencia de mecanismos eficaces para la resolución pacífica de conflictos continúan alimentando los niveles de violencia.

Asimismo, advierte que, pese a los programas y operativos anunciados por las autoridades, el perfil de las víctimas y las causas que originan los homicidios prácticamente no han variado, lo que sugiere que aún no se están atacando las raíces del problema.

Llamado a revisar las políticas de seguridad

Ante este panorama, la Fundación Derechos Humanos Global exhortó a las autoridades competentes a realizar una evaluación independiente, objetiva y transparente de las políticas de seguridad actualmente en ejecución.

También planteó la necesidad de rediseñar la estrategia nacional incorporando un enfoque integral que combine prevención, fortalecimiento institucional, respeto a los derechos humanos y mayor inversión social.

En ese sentido, recomendó destinar mayores recursos a programas de educación, generación de empleo, salud mental, desarrollo comunitario y fortalecimiento del sistema de justicia, al considerar que estos factores constituyen herramientas esenciales para reducir la violencia de manera sostenible.

Finalmente, la organización precisó que su análisis tiene un carácter estrictamente informativo y de interés público, sustentado en datos oficiales y observaciones generales, sin atribuir responsabilidades individuales ni emitir juicios que carezcan de respaldo verificable.

La Fundación recordó que este tipo de pronunciamientos se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación ciudadana, garantizados por la Constitución de la República Dominicana y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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