Armas para Haití: las preguntas que no pueden quedarse sin respuestas
Por Margarita de la Rosa
Hay informaciones que deberían estremecer las estructuras de seguridad de cualquier país. Una de ellas es la contenida en los informes del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que documentan el tráfico de armas a través del territorio dominicano y la presencia de municiones con marcas del Ejército de la República Dominicana en poder de organizaciones criminales haitianas.
Confieso que estas revelaciones me inquietan profundamente. Pero más me inquietan las preguntas que provocan.
Siempre he escuchado decir que el presidente de la República es el ciudadano mejor informado de su país. Para eso dispone de organismos de inteligencia, seguridad y defensa, cuya responsabilidad es mantenerlo al tanto de cuanto pueda comprometer la seguridad nacional.
Entonces me pregunto: ¿cómo pueden producirse situaciones de esta naturaleza? ¿Dónde fallaron los controles? ¿Quiénes tenían bajo su responsabilidad la custodia de esas municiones? ¿Cómo llegaron a manos de organizaciones criminales que mantienen aterrorizado al pueblo haitiano?
Porque el tráfico de armas y municiones no es una actividad que pueda analizarse como un simple incidente fronterizo. Requiere rutas, medios de transporte, mecanismos de ocultamiento y personas dispuestas a participar en operaciones clandestinas.
Y aquí surge una interrogante inevitable: ¿estamos frente a fallas de vigilancia, negligencia institucional, actos de corrupción o una combinación de circunstancias que todavía no han sido esclarecidas?
El Ministerio de Defensa ha informado sobre investigaciones y procesos judiciales relacionados con estos hallazgos. Corresponde reconocer esas actuaciones. Sin embargo, también corresponde preguntar si las investigaciones abarcan toda la cadena de responsabilidades y si sus resultados serán explicados suficientemente a la ciudadanía.
No estoy atribuyendo al presidente Luis Abinader participación, complicidad ni conocimiento previo de estas actividades ilícitas. No tengo elementos para formular semejante acusación.
Mi inquietud se sitúa en el terreno de la responsabilidad política e institucional.
¿Qué información ha recibido el mandatario de sus organismos de inteligencia? ¿Desde cuándo conocen las autoridades estas modalidades de tráfico? ¿Qué medidas se han adoptado para impedir que continúen? ¿Se han revisado los mecanismos de custodia de los arsenales y los controles fronterizos?
Y una pregunta que considero fundamental: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado dominicano para esclarecer las responsabilidades, independientemente del rango o la posición de quienes eventualmente pudieran resultar involucrados?
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de exigir que las instituciones funcionen, que los controles sean efectivos y que ninguna investigación encuentre límites impuestos por jerarquías o influencias.
El presidente de la República, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo y autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, tiene una responsabilidad institucional que no puede soslayarse.
Por eso considero legítimo esperar explicaciones claras sobre las medidas adoptadas y los resultados que vayan produciendo las investigaciones.
Porque cuando municiones identificadas con marcas de una institución militar dominicana aparecen en manos de organizaciones criminales extranjeras, no estamos solamente ante una noticia internacional. Estamos ante un asunto que compromete la confianza pública en nuestros mecanismos de seguridad.
Y la pregunta que finalmente me hago es esta: ¿qué tan seguro puede sentirse un país cuando todavía necesita respuestas sobre cómo materiales identificados con sus propias instituciones militares terminaron alimentando la violencia más allá de sus fronteras?
