SISALRIL: las explicaciones que dejaron más preguntas que respuestas

Por Margarita de la Rosa

Había decidido no volver sobre el tema. Después de tres entregas dedicadas a examinar la situación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el papel de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), consideraba que había expresado suficientemente mis inquietudes.

Sin embargo, unas declaraciones del superintendente Miguel Ceara Hatton, ofrecidas en el programa televisivo El Día, me hicieron reconsiderar aquella decisión.

Curiosamente, se trata de un espacio que acostumbro seguir, pero cuya emisión me perdí ese día. Posteriormente, una persona que había leído mis artículos me remitió el enlace de la entrevista. Interpreté aquel gesto como una invitación a conocer las explicaciones del funcionario y, quizás, encontrar respuestas a los cuestionamientos que había planteado.

Pero ocurrió lo contrario.

Las declaraciones, a mi juicio, se quedaron en la superficie de un problema que exige explicaciones mucho más profundas. Por respeto a quien me remitió la entrevista y a los lectores que siguieron mis trabajos, consideré pertinente volver sobre el asunto.

No para repetir lo ya publicado, sino para precisar lo que todavía permanece sin respuesta.

El superintendente explicó cómo SISALRIL detectó contradicciones entre los estados financieros de SeNaSa y sus dificultades reales de liquidez, cómo se desarrollaron las investigaciones y cómo fueron remitidos los hallazgos al Ministerio Público.

Esa actuación debe reconocerse. Pero no basta.

Dar parte al Ministerio Público es una responsabilidad importante; demostrar que la vigilancia institucional funcionó oportunamente es otra cuestión.

Si los estados financieros aparentemente cuadraban mientras se acumulaban atrasos en los pagos y dificultades de liquidez, ¿qué mecanismos se utilizaron para verificar la autenticidad de aquellas cifras? ¿Desde cuándo existían señales de alerta? ¿Qué hicieron los responsables de supervisar durante ese período?

Ceara Hatton manifestó que le parecía imposible que en una institución de esa naturaleza se falsificaran estados financieros. También expresó su sorpresa ante la posible implicación de su antiguo director.

Pero la fiscalización no puede descansar en impresiones personales ni en la confianza depositada en quienes administran recursos de la seguridad social.

Precisamente porque la falsificación es posible existen los controles, las auditorías y los organismos supervisores.

Y aquí conviene hacer una distinción: las irregularidades investigadas abarcan períodos anteriores a la llegada de Ceara Hatton a SISALRIL. No sería justo atribuirle automáticamente responsabilidades correspondientes a otras gestiones. Sin embargo, la obligación de rendir cuentas pertenece a la institución y debe comprender tanto las actuaciones anteriores como las de la administración actual.

Existen informaciones sobre advertencias de SISALRIL relacionadas con atrasos en los pagos desde diciembre de 2024 y sobre la apertura de un procedimiento administrativo sancionador en enero de 2025.

Eso demuestra que hubo actuaciones de vigilancia que deben examinarse. Pero también obliga a preguntar qué resultados produjeron, si se adoptaron medidas suficientes y por qué las contradicciones financieras y las irregularidades investigadas pudieron alcanzar semejante dimensión.

La explicación pública requiere una cronología verificable: cuándo comenzaron las anomalías, qué señales recibió el organismo regulador, cuáles auditorías se realizaron, qué medidas correctivas fueron exigidas y cómo se comprobó su cumplimiento.

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) también debe esclarecer qué información recibió y cuáles decisiones adoptó dentro de sus atribuciones.

La investigación no debe limitarse a identificar a quienes presuntamente alteraron cifras o participaron en operaciones fraudulentas. Debe examinar igualmente los controles internos, la supervisión externa y las decisiones u omisiones que pudieron facilitar la prolongación de los hechos.

La incapacidad técnica, la negligencia, la complacencia y la complicidad representan responsabilidades diferentes. Ninguna debe presumirse sin pruebas, pero tampoco descartarse sin investigación.

Hay otro aspecto que no podemos olvidar: detrás de cada balance financiero y cada expediente administrativo hay afiliados que dependen de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos. Para ellos, una falla en la vigilancia puede traducirse en consecuencias que ninguna explicación tardía consigue reparar.

Por eso, no cuestiono que SISALRIL haya investigado y colaborado con el Ministerio Público. Lo que reclamo es una explicación documentada sobre la eficacia de su supervisión durante los años en que se desarrollaron las irregularidades.

El país necesita conocer no solamente cómo fueron descubiertas, sino también qué se hizo para prevenirlas, detectarlas y corregirlas a tiempo.

Porque haber contribuido a descubrir irregularidades no libera al supervisor de explicar qué hizo mientras ocurrían.