De los “códigos” policiales a las denuncias sobre pasaportes y los nombramientos cuestionados, mientras unos enfrentan la calle, otros se disputan las mieles del poder. 

Buenos días…

Nos informaron que, en Santiago y sus cruces, durante los primeros 24 días de octubre, la Policía hizo firmar con los “angelitos” a 18 supuestos forajidos.

Si eso no es un récord, por lo menos hay un empate. Se aplicó a diestra y siniestra el famoso código 29 y, de inmediato, la llamada “ley policial”: la 37. ¡Qué casualidad!

Y mientras algunos delincuentes caen en supuestos “intercambios de disparos”, la delincuencia sigue activa.

El microtráfico continúa arrasando en barrios de Santiago y, para eso, parece que no hay tantos operativos ni aparecen tantos “enfrentamientos”. Ahí está el detalle.

Parece que los llamados defensores de los derechos humanos ya perdieron la cuenta de los muertos en «enfrentamientos». Porque, si se calcula correctamente, los resultados podrían resultar catastróficos.

Y pareciera que estamos en una guerra pública declarada contra los delincuentes, pero en una sola vía y en un solo frente, sin derecho a réplica.

Nadie, absolutamente nadie que observe lo que ocurre sobre el terreno, se tragaría fácilmente el cuento de que la frontera dominico-haitiana está completamente sellada.

Porque por ahí, según denuncias y hechos que deben ser investigados, sigue entrando y saliendo de todo, incluyendo indocumentados del vecino país.

Las pruebas aparecen en distintos escenarios. A cada momento se reporta la llegada de familias haitianas a territorio dominicano.

Entonces, ¿está sellada la frontera? ¡Por favor!

Decir que está herméticamente cerrada, mientras continúan ocurriendo entradas irregulares, sería convertir la realidad en una chercha. Y ahí aparece el discurso de doble cara.

Sería una falta de respeto a la nacionalidad dominicana que se entreguen pasaportes a personas que ni siquiera hablan español y que no tengan un vínculo legítimo con ciudadanos dominicanos de origen.

Eso no es un simple papel. Es la identidad de una nación.

Y traficar con ella, si se investiga y se demuestra, sería un golpe directo contra la soberanía nacional.

Pero lo más grave es que este tipo de denuncias no nació ayer. Se remontan, según versiones que deben ser documentadas y sometidas a investigación, a la década de 1980. Uno de los primeros grandes escándalos habría explotado en el Consulado dominicano en Caracas, Venezuela, con la desaparición de 38 pasaportes.

Se ha dicho que algunos de esos documentos pudieron terminar en manos de presuntos terroristas libios vinculados al régimen del coronel Muamar el Gadafi y que habrían sido vendidos por alrededor de US$5,000 cada uno.

Si eso ocurrió, no estamos hablando de una travesura burocrática. Estamos hablando de una barbaridad de Estado. Y la historia parece estar repitiéndose.

Como recordar es vivir, queda una pregunta dando vueltas.

Se ha señalado que el principal responsable de aquel episodio, pese a haber ocupado posteriormente altas posiciones públicas y haber mantenido vínculos con la política, no ha podido entrar a Estados Unidos.

¿Será cierto? Pues ahí está el expediente. Adivina, adivinador… ¿Quién será?

El deterioro de la imagen de República Dominicana se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen denuncias sobre la supuesta entrega de pasaportes e incluso de ciudadanía a personas vinculadas, presuntamente, al bajo mundo, narcotráfico, violaciones, lavado de activos y otras actividades criminales.

Si esas denuncias son ciertas, algunas de esas personas ni siquiera hablarían español y algunas posiblemente nunca habrían pisado suelo dominicano.

Eso no puede despacharse con un “aquí no ha pasado nada”. Y si esas prácticas existen, el presidente Luis Abinader debería conocerlas y ordenar que sean investigadas hasta las últimas consecuencias.

Y no solamente aquí. Las investigaciones deben extenderse a Europa y a cualquier país donde existan indicios de tráfico o comercialización de documentos dominicanos.

Porque un pasaporte dominicano no puede convertirse en mercancía de supermercado.

Hay consulados que, según las denuncias que circulan, parecen vivir más de los escándalos que del servicio a los dominicanos. Y eso da vergüenza.

Presidente, como nosotros no somos magos para adivinar, ordene investigar. Que se revisen expedientes. Que se auditen documentos. Que se determine quién recibió qué, quién autorizó qué y quién se benefició. Y si alguien metió la mano donde no debía, que responda.

Y ahora vamos al otro capítulo de este largometraje. Nepotismo y privilegios en el Gobierno.

El presidente Abinader designó a David Herrera Sánchez, hijo del director del INESPRE, David Herrera, como vicecónsul en Nueva York.

La designación, según se comenta, cayó como un balde de agua fría entre sectores del PRM, especialmente entre aquellos dirigentes que, como dice el pueblo, están pasando el Niágara en bicicleta. ¡Ay, Dios!

El tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo.

Algunos dirigentes descontentos del PRM sostienen que la familia completa del director del INESPRE estaría disfrutando de las mieles del poder. Si es así, que expliquen.

Porque una cosa es tener capacidad y otra muy distinta es que el árbol genealógico termine convertido en organigrama gubernamental.

Pero eso no es todo. La seccional del PRM en Nueva York está que echa chispas y alega sentirse marginada por el cónsul Chu Vásquez. Sí, el mismo que ocupó el Ministerio de Interior y Policía. ¡Qué verdugo!

Ahora bien, si los dirigentes de la seccional tienen denuncias concretas, que las presenten con nombres, fechas y documentos. Porque gobernar no es repartir privilegios. Y hacer oposición dentro del mismo partido tampoco puede convertirse en una guerra de cuchillos.