Derechos Humanos Global exige al jefe de la PN respuestas por ola de violencia

Rebeca Henríquez reclama al director de la Policía esclarecer varios hechos violentos y propone una depuración profunda en todos los miembros de esa institución, incluyendo generales y coroneles, para encaminar una verdadera transformación de la uniformada.

SANTO DOMINGO ESTE, R.D.

La Fundación Derechos Humanos Global, que preside Rebeca Henríquez, elevó una solicitud de intervención urgente al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ante una serie de hechos violentos que, según la entidad, mantienen en alerta a distintos sectores de la sociedad y ponen nuevamente bajo cuestionamiento los resultados de la anunciada reforma policial.

La organización reaccionó particularmente preocupada por el ataque armado ocurrido en la Autopista Mella, kilómetro 36, Santo Domingo Este, donde, de acuerdo con su denuncia, un vigilante privado —padre de crianza del comunicador José Luis Santana, conocido como “El Mudo Bubú”, corresponsal de Somos Pueblo— habría recibido dos impactos de bala en el pecho durante un supuesto intento de asalto.

La Fundación sostiene que desconocidos fuertemente armados intentaron despojarlo de su arma de trabajo y su motocicleta y que, posteriormente, irrumpieron en una vivienda cercana, donde habrían causado destrozos y encañonado a sus ocupantes.

La víctima permanece bajo atención médica de emergencia, según la denuncia.

Exigen investigación y resultados

Henríquez reclamó a la Policía Nacional y a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) una investigación “pronta y exhaustiva” que permita identificar, localizar y apresar a los responsables, así como una respuesta oficial sobre el curso de las pesquisas. También solicitó reforzar el patrullaje en sectores y vías donde se registren hechos delictivos recurrentes.

La presidenta de la Fundación pidió, además, esclarecer el tiroteo ocurrido el 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, donde, según la denuncia, murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas.

Igualmente reclamó investigar la muerte de un raso de la Policía atribuida a otro agente en un destacamento de Sabana de la Mar, Hato Mayor, así como el caso de una adolescente de 14 años fallecida en el sector Mendoza, Santo Domingo Este, en un hecho que la entidad atribuye a un agente policial con quien convivía.

“¿Forman parte de la cacareada reforma?”

Ante estos acontecimientos, la Fundación Derechos Humanos Global lanzó una pregunta directa: “¿Forman parte esos y otros casos de abusos y maltratos policiales de la cacareada reforma policial?”

Henríquez sostuvo que el proceso de transformación de la institución lleva varios años siendo anunciado por el Gobierno, pero, a su juicio, todavía no se perciben resultados suficientes que beneficien tanto a los propios agentes como a la sociedad.

La organización sugirió al presidente Luis Abinader disponer una depuración “profunda y transparente” de todos los miembros de la Policía Nacional, incluidos generales y coroneles, y planteó que el proceso abarque también los principales niveles de dirección de la institución.

Propone depurar la Policía desde arriba

Henríquez propuso crear una comisión integrada por representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.

Según su planteamiento, ninguno de sus integrantes debería tener antecedentes penales ni haber mantenido enfrentamientos o conflictos con la Policía Nacional.

A su juicio, esa depuración debería constituir uno de los primeros pasos de una verdadera reforma o transformación policial, y estar conducida por oficiales retirados de la propia institución que sean reconocidos por su honestidad y tengan una trayectoria limpia y transparente.

Considera que estos conocen desde dentro las fortalezas, debilidades y “entretelones” de la Policía y podrían contribuir a su transformación.

“La violencia no puede ser el precio de trabajar”

Henríquez cerró su planteamiento con un mensaje dirigido a las autoridades: “La violencia no puede ser el precio de trabajar. Quienes cumplen un servicio, como esta víctima, merecen protección, no balas. Exigimos que el Estado cumpla su deber de garantizar la seguridad y que la justicia no tarde”.

La Fundación Derechos Humanos Global insistió en que los casos denunciados deben ser investigados individualmente y que sus responsables, si se comprueban las imputaciones, respondan ante la justicia. Para la entidad, el verdadero reto de la reforma policial no está únicamente en anunciarla, sino en demostrar con resultados que la institución puede garantizar seguridad, proteger a la ciudadanía y actuar dentro de la ley.