La iniciativa busca impulsar programas educativos sobre derechos humanos en comunidades de la provincia Duarte, con especial atención a jóvenes, niños y sectores vulnerables.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.

 La reunión sostenida entre la embajadora de derechos humanos, Rebeca Henríquez, y el diputado Ariel Marte, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha generado una valoración positiva entre sectores de la ciudadanía de la provincia Duarte, que consideran que el acercamiento puede abrir las puertas a programas educativos destinados a fortalecer el conocimiento y la defensa de los derechos humanos.

La iniciativa es considerada oportuna porque responde a una necesidad expresada durante años por moradores, docentes y líderes comunitarios: llevar la educación en derechos humanos a los barrios y comunidades, especialmente a niños y jóvenes, para que conozcan sus derechos, sepan cómo defenderlos y comprendan también sus deberes como ciudadanos.

Una alianza en favor de la comunidad

Uno de los aspectos mejor valorados es la posibilidad de unir esfuerzos ciudadanos e institucionales alrededor de un objetivo común.

La participación de una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos junto a un representante del Poder Legislativo es vista como una oportunidad para impulsar acciones que trasciendan las diferencias políticas y coloquen el bienestar colectivo en el centro de la agenda.

La ciudadanía también destaca que los programas proyectados puedan llegar a sectores vulnerables, donde muchas personas desconocen los mecanismos existentes para reclamar y proteger sus derechos. Llevar esa orientación directamente a las comunidades contribuiría, según sus promotores, a fortalecer la equidad y la participación ciudadana.

Educar para prevenir abusos

Otro elemento resaltado es el carácter preventivo de la educación en derechos humanos. Mientras mayor sea el conocimiento de la población sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer, mayores serán las posibilidades de prevenir abusos y exigir a las instituciones públicas el cumplimiento de sus responsabilidades.

La iniciativa también es presentada como una herramienta para contribuir a la formación de ciudadanos más conscientes, respetuosos y comprometidos con la dignidad humana y la convivencia democrática.

La sociedad pide más que leyes

“La sociedad pide más que leyes: pide conocerlas, respetarlas y defenderlas. Esta reunión puede ser el comienzo de un camino para que el conocimiento de los derechos humanos llegue a cada rincón de nuestra provincia”, expresa el planteamiento.

Agrega que el respaldo ciudadano a este tipo de iniciativas constituye una señal positiva y demuestra que existe interés en promover una cultura de respeto, participación y defensa de la dignidad de las personas.