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Incautan 91 armas a compañía de seguridad del ex coronel Valerio


SANTO DOMINGO, R.D.- La Procuraduría General allanó, simultáneamente, la oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security Protection Center (SECPTER), localizados en Santo Domingo y Santiago, donde fueron incautadas 91 armas de fuego de diferentes tipos y calibres.


En esos allanamientos, se dijo, fueron detenidas 70 personas, que serán interrogadas por el ministerio público.

Mediante un comunicado de prensa, el ministerio público informó que persigue al gerente general de la compañía, Nelson Rafael Mejía Ovalles, un ex oficial dado de baja del Ejército de República Dominicana, en 1993. 
Informó, además, que esa empresa está vinculada al ex director de la DICAN, el ex coronel de la Policía Nacional, Carlos Fernández Valerio, condenado por narcotráfico, delito que cometió siendo director de dicho organismo.
“Además, porque durante la investigación se ha establecido que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico como lo es el excoronel Fernández Valerio (exdirector de la DICAN), sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas”, dice un comunicado de la Procuraduría.
Explicó que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres, así como un carro Hyundai, propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder del ministerio público.
La Procuraduría precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que las armas no tenían ningún tipo de documentación, y las marcas eran ilegibles, retroqueladas o clonadas.
La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018, por la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para que fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas localidades.

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