ANÁLISIS: Crisis haitiana

La llegada de las fuerzas salvadoreñas abre una nueva etapa en la persecución de las bandas, mientras Haití enfrenta hambre, crisis política, violencia y unas elecciones bajo la lupa internacional.

Por Tomás Aquino G.

La crisis haitiana no comenzó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero su magnicidio, ocurrido el 7 de julio de 2021, marcó un punto de quiebre, del del desastre.

Después de aquella muerte, el vacío político se hizo todavía más profundo, las instituciones perdieron capacidad de respuesta y las organizaciones criminales armadas ampliaron su control territorial.

Distintos análisis coinciden en que la violencia de las bandas se intensificó considerablemente después del magnicidio. El Consejo de Relaciones Exteriores estima que las bandas llegaron a controlar alrededor del 90 % de Puerto Príncipe, mientras más de 1.4 millones de personas han sido desplazadas.

La propia ONU ha descrito una situación en la que las bandas controlan extensas zonas del territorio, rutas estratégicas y áreas esenciales para el comercio y la distribución de alimentos.

En otras palabras: Haití no solamente tiene un problema de delincuencia; tiene un problema de poder.

Las bandas han dejado de ser únicamente grupos dedicados al secuestro, la extorsión y el tráfico de armas. En determinados territorios actúan como autoridades de facto, imponen reglas, cobran peajes, controlan rutas y condicionan la vida económica y social.

Y entonces apareció Bukele

La entrada de El Salvador en esta etapa de la crisis introduce una variable completamente diferente.

Nayib Bukele ha enviado alrededor de 2,000 soldados a Haití, con la posibilidad de que el contingente llegue a unos 2,500, oficialmente para rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos después de una emboscada de las bandas.

Pero la dimensión de la operación va mucho más allá de un simple rescate.

El propio Bukele ha presentado la misión como una respuesta contra las bandas y ha dicho que El Salvador está asumiendo aproximadamente el 90 % de sus costos.

Su mensaje es igualmente significativo, no presenta la operación como una invasión ni como un intento de controlar Haití, sino como una intervención limitada para recuperar a sus ciudadanos y enfrentar a las organizaciones criminales.

Eso cambia el tablero. Por primera vez, el modelo de seguridad salvadoreño, con toda la controversia internacional que ha generado, enfrenta una prueba fuera de las fronteras de El Salvador.

Haití se convierte así en el primer gran escenario internacional para la estrategia de Bukele contra las pandillas.

Todavía no puede afirmarse que las bandas estén derrotadas ni que vayan a rendirse. Pero sí puede decirse que la llegada salvadoreña representa una presión militar y operativa de una magnitud diferente a la que habían enfrentado hasta ahora.

Reuters, de hecho, advierte que esta es la primera gran prueba internacional de la política antipandillas de Bukele y que la escala del despliegue podría convertir una misión de rescate en una operación de mayor alcance.

Alemania también mueve ficha

La operación no ocurre completamente aislada.

Alemania está facilitando el transporte aéreo de más de 600 toneladas de equipos prioritarios desde Bangladesh para la Fuerza de Represión de Pandillas en Haití.

La contribución alemana ha sido recibida favorablemente por Estados Unidos, que la considera un avance importante para fortalecer la capacidad internacional de seguridad en Haití.

Mientras tanto, la Policía Nacional Haitiana incorporó el viernes a 1,189 nuevos agentes, 947 hombres y 242 mujeres, correspondientes a la 37.ª promoción de la institución.

Es decir, comienza a configurarse una combinación que hasta ahora había faltado, la presión internacional, refuerzo de la Policía haitiana y una fuerza salvadoreña que llega con un discurso abiertamente orientado contra las bandas.

Pero el hambre no espera

Mientras las armas hablan, el hambre sigue avanzando.

El Programa Mundial de Alimentos advierte que 6.35 millones de haitianos podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2027, más de la mitad de la población analizada.

De ese grupo, casi dos millones podrían encontrarse en condiciones de emergencia alimentaria.

Más de 1.5 millones de haitianos ya han sido desplazados de sus hogares.

La violencia está destruyendo también la capacidad de producir y transportar alimentos. Las familias desplazadas pierden sus fuentes de ingresos y las bandas dificultan el funcionamiento de las rutas comerciales.

Por eso la crisis haitiana tiene tres caras que se alimentan mutuamente: 

• Violencia.
• Hambre.
• vacío político.

Canadá vuelve a poner el dedo sobre la política

Y mientras tanto, aquí aparece otro problema explosivo. Canadá ha advertido que las personas sometidas a sanciones internacionales por corrupción, lavado de dinero, tráfico ilícito, violaciones de derechos humanos o vínculos con redes criminales no deberían comprometer el futuro democrático de Haití.

La advertencia llega precisamente cuando el proceso electoral vuelve a ponerse en marcha.

El Consejo Electoral Provisional ha fijado ahora el 18 de julio de 2027 para la primera vuelta presidencial y legislativa, mientras la segunda vuelta está prevista para el 4 de octubre de 2027.

Pero el problema es evidente: algunos políticos sancionados internacionalmente intentan regresar al escenario electoral.

El CEP eliminó el requisito que obligaba a los candidatos a demostrar que no estaban sujetos a sanciones extranjeras, aunque las personas sometidas a sanciones de Naciones Unidas continúan impedidas de participar. El cambio podría abrir la puerta a figuras sancionadas por Canadá, Estados Unidos o la Unión Europea.

Ahí aparece el choque.

Mientras Canadá por la  integridad electoral, hay sectores políticos haitianos, sancionados, reclamando participación.

Y si personas sancionadas por gobiernos extranjeros terminan compitiendo por la Presidencia, el próximo Gobierno haitiano podría comenzar su vida política bajo una enorme sombra de cuestionamientos.

Los sancionados por Canadá

Entre los 19 sancionados inicialmente por Canadá figuraron:

• Michel Joseph Martelly, expresidente.
• Laurent Salvador Lamothe, ex primer ministro.
• Jean-Henry Céant, ex primer ministro.
• Rony Célestin, senador.
• Hervé Fourcand, exsenador.
• Gary Bodeau, expresidente de la Cámara de Diputados.
• Youri Latortue, expresidente del Senado.
• Joseph Lambert, expresidente del Senado.
• *Gilbert Bigio, empresario. Murió recientemente.
• *Reynold Deeb, empresario.
• *Sherif Abdallah, empresario.
• Berto Dorcé, exministro.
• Liszt Quitel, exministro.
• Charles Saint-Rémy.
• Arnel Bélizaire.
• Jocelerme Privert, expresidente interino.
• Salim Succar.
• Nénel Cassy.
• Steeve Khawly.

Canadá sostuvo que sus sanciones estaban dirigidas contra personas que, según sus investigaciones, utilizaban su posición e influencia para apoyar o facilitar actividades de bandas criminales, corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.

Las sanciones canadienses implican, entre otras medidas, congelamiento de activos y prohibiciones de transacciones dentro del régimen canadiense. No equivalen por sí mismas a una condena penal.

Y aquí aparece República Dominicana

La República Dominicana también tomó medidas.

En abril de 2023, el presidente Luis Abinader ordenó a Migración impedir la entrada de 39 ciudadanos haitianos considerados una amenaza para los intereses e instituciones dominicanas. La lista incluyó numerosos sancionados por Canadá y Estados Unidos.

Pero las listas no coincidieron completamente.

Reynold Deeb y Sherif Abdallah fueron incluidos en la prohibición dominicana. Gilbert Bigio, quien falleció recientemente, quedó fuera.

Y esto resulta particularmente interesante porque Bigio tenía importantes vínculos empresariales con República Dominicana. El empresario fue fundador del GB Group, que adquirió en 2012 activos de Chevron-Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín.

Además, medios dominicanos documentaron que Michel Martelly y Jean-Henry Céant tampoco fueron incluidos en aquella medida de prohibición de entrada de abril de 2023, pese a las sanciones canadienses.

El caso Bigio: una pregunta que permanece

El caso de Gilbert Bigio es particularmente llamativo.

Canadá lo sancionó junto con Reynold Deeb y Sherif Abdallah. Dos de ellos fueron incluidos posteriormente en la lista dominicana de impedimento de entrada.

Bigio, sin embargo, quedó fuera.

Y la particularidad dominicana adquiere todavía mayor relevancia por sus vínculos empresariales con el país.

Esto no demuestra por sí solo ninguna irregularidad dominicana. Pero sí plantea una pregunta legítima sobre los criterios utilizados para construir las listas nacionales y sobre la coordinación entre países cuando existen sanciones internacionales.

El magnicidio que abrió la puerta al desastre

Y es bueno destacar que el asesinato de Jovenel Moïse no creó todos los problemas de Haití, porque el país arrastraba décadas de inestabilidad, corrupción, pobreza, debilidad institucional y violencia.

Pero el magnicidio profundizó un vacío que las bandas aprovecharon.

Desde entonces, la violencia se expandió, el poder estatal se debilitó y el país quedó atrapado entre gobiernos de transición, bandas armadas, intervenciones internacionales y una población cada vez más empobrecida.

Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores describe precisamente el asesinato de Moïse como el punto después del cual la trayectoria de inestabilidad se agravó considerablemente.

Por eso, cinco años después del magnicidio, Haití enfrenta una paradoja, y es que necesita seguridad para celebrar elecciones, pero necesita instituciones legítimas para construir seguridad duradera.

¿Puede Bukele cambiar la historia?

Esta es la gran pregunta.

La presencia salvadoreña puede significar un giro importante porque introduce una fuerza que llega con una doctrina claramente enfocada en perseguir estructuras criminales.

Pero Haití no es El Salvador.

Las condiciones son diferentes: instituciones mucho más debilitadas, fragmentación territorial, pobreza extrema, tráfico de armas, desplazamiento masivo, corrupción y una estructura de bandas vinculada en algunos casos con actores políticos y económicos.

Por eso, la operación de Bukele puede aumentar la presión sobre las bandas, pero no resolver por sí sola el problema haitiano.

La seguridad puede abrir la puerta.

Pero después tendrán que entrar la justicia, las instituciones, las elecciones, la economía y la reconstrucción del Estado.

Haití ante una hora decisiva

El escenario actual reúne todos los ingredientes de una crisis histórica.

• Bukele lleva tropas.
• Alemania mueve equipos.
• La Policía haitiana incorpora 1,189 nuevos agentes.
• Las bandas reciben una presión internacional mayor.

Pero millones de haitianos siguen enfrentando hambre.

Y Canadá advierte que quienes han sido sancionados internacionalmente por actividades graves no deberían convertirse en protagonistas de la reconstrucción política.

Mientras tanto, el CEP vuelve a poner fecha a las elecciones.

• La primera cita está fijada para el 18 de julio de 2027.
• La segunda, para el 4 de octubre.

Pero en Haití existe una regla que la historia reciente se ha encargado de demostrar, y es que poner una fecha sobre el calendario es mucho más fácil que crear las condiciones para que los haitianos puedan votar en libertad y seguridad.

Y ahí estará la verdadera prueba.

Porque si Bukele logra recuperar espacio para el Estado, si la Policía haitiana consigue consolidarse, si las fuerzas internacionales mantienen la presión y si finalmente se construye un proceso electoral creíble, Haití podría comenzar a salir del túnel.

Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, pueda comenzar a verse esa luz de esperanza al final del túnel.