Adán Cáceres dispara contra expediente del Ministerio Público
Es acusado de liderar red que desfalcó al Estado con más de RD$4,500 millones
SANTO DOMINGO, R.D.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre lanzó un duro ataque contra el expediente del Ministerio Público, calificándolo de “insostenible” y carente de rigor técnico en el proceso que lo vincula a presunta corrupción administrativa y lavado de activos.
Durante su intervención ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el exjefe del CUSEP cuestionó la falta de pruebas concretas tras cinco años de investigación.
El oficial defendió su patrimonio, asegurando que el 98 % de sus ingresos proviene de fuentes legales, incluyendo su carrera militar y actividades privadas debidamente declaradas.
También rechazó las acusaciones de testaferrato y sostuvo que los fondos manejados respondían a protocolos institucionales, no a maniobras ilícitas.
Cáceres asumió la responsabilidad administrativa de su gestión, pero negó rotundamente la existencia de una estructura criminal, defendiendo además a los militares bajo su mando.
En su discurso final, solicitó su absolución total, insistiendo en que el caso carece de pruebas sólidas y responde más a una narrativa mediática que a fundamentos jurídicos.
El proceso entra ahora en su etapa decisiva, a la espera del fallo que definirá el futuro del alto oficial.
Adán Cáceres es acusado de liderar red de desfalcadores
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), es señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los RD$4,500 millones en perjuicio del Estado dominicano.
De acuerdo con la acusación, las operaciones Coral y Coral 5G permitieron desarticular esta supuesta red, en la que en principio figuran un total de 48 imputados: 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, todos acusados de incurrir en corrupción administrativa y otros delitos vinculados.
El expediente sostiene que la estructura operaba desde varias instituciones públicas clave, incluyendo el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), desde donde —según el órgano acusador— se habrían desviado fondos públicos mediante distintos mecanismos ilícitos.
El Ministerio Público afirma que se trataba de una red organizada, con roles definidos, cuyo objetivo era sustraer recursos del Estado de manera sistemática.
