Una niña de 7 años no puede esperar…

SANTIAGO, R.D.

La presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, Rebeca Henríquez, exigió una intervención urgente de las autoridades para garantizar la protección de una niña de apenas 7 años, quien, según la denuncia presentada por su madre, habría sido víctima de una agresión física ocurrida el pasado 25 de julio.

Henríquez respaldó una solicitud formal presentada por Brenda Núñez, madre y representante legal de la menor, dirigida a la procuradora Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF); a la fiscal Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santiago, y al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

De acuerdo con la documentación presentada, la madre de la menor interpuso una denuncia ante las autoridades el 31 de julio de 2026, mientras que la persona señalada como imputada fue apresada el 28 de agosto y posteriormente liberada el 31 de agosto, sin que, según la madre, se le ofreciera una explicación clara y motivada sobre las razones de esa decisión.

La Fundación Derechos Humanos Global considera que la situación amerita una respuesta inmediata de las instituciones responsables de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

“Una niña de 7 años con lesiones visibles no puede esperar. Su seguridad, su estabilidad emocional y su derecho a vivir sin miedo no pueden quedar supeditados a decisiones que no se explican ni se justifican”, plantea la solicitud respaldada por Henríquez.

Exigen explicar por qué fue liberado

Uno de los principales reclamos de la Fundación es que la Fiscalía de Santiago entregue a la madre, por escrito, una explicación detallada y motivada sobre la base legal y probatoria que sustentó la liberación del imputado.

Henríquez sostiene que la madre tiene derecho a conocer las razones de cualquier decisión que pueda afectar la seguridad y protección de su hija.

La organización también solicitó que DINNAF asuma el seguimiento directo del expediente y garantice que el interés superior de la menor sea colocado en el centro de cada decisión relacionada con el caso.

La petición se fundamenta, entre otras disposiciones, en el artículo 56 de la Constitución dominicana, la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Piden protección inmediata

Ante la liberación del imputado, la Fundación Derechos Humanos Global reclamó una evaluación urgente del nivel de riesgo que enfrenta la menor y la adopción de medidas efectivas para protegerla.

Entre las medidas solicitadas figuran una orden estricta de alejamiento, la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier vía, así como garantías para evitar que la niña sea expuesta a encuentros no supervisados con la persona imputada.

La entidad también reclamó que la menor reciba atención psicológica especializada y continua, al considerar insuficiente una evaluación aislada frente al posible impacto físico y emocional de los hechos denunciados.

Pide escuchar a la madre

La presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global solicitó además que la fiscal Ivette Martínez reciba a la madre y escuche directamente sus preocupaciones antes de adoptar nuevas decisiones que puedan afectar a la menor.

La organización considera que la participación de las víctimas y sus representantes constituye un elemento fundamental para garantizar una respuesta institucional adecuada y evitar que el proceso termine generando una nueva situación de vulnerabilidad para la niña.

Henríquez insistió en que el Estado tiene la obligación de actuar con especial diligencia cuando se trata de menores de edad y recordó que la protección integral de la niñez constituye una responsabilidad institucional y social.

Protegerla no es una opción

La Fundación Derechos Humanos Global advirtió que el caso no debe quedar atrapado en trámites burocráticos ni dilaciones que terminen perjudicando a la menor.

“Protegerla no es una opción: es una obligación del Estado y de toda la sociedad”, sostiene la entidad en el documento presentado ante las autoridades.

Henríquez llamó a las instituciones competentes a actuar con rapidez, transparencia y apego a la ley, al tiempo que reclamó que se garantice la seguridad física y emocional de la niña mientras avanza el proceso.

La solicitud incluye como anexo una imagen que, según la madre y la Fundación, documenta las lesiones que habría sufrido la menor durante la agresión denunciada.

La Fundación Derechos Humanos Global reiteró que su reclamo no busca sustituir las funciones del Ministerio Público ni anticipar responsabilidades penales, sino exigir que las autoridades garanticen la protección de la menor, expliquen las decisiones adoptadas y aseguren que el proceso se desarrolle colocando su interés superior por encima de cualquier otra consideración.