Buenos días…

En el gobierno de Luis Abinader y del PRM, la protesta parece haberse convertido en una actividad bajo sospecha.

La Policía Nacional le cayó a bombazos a un grupo de agentes pensionados que protestaba pacíficamente reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones pendientes. Una escena difícil de entender: hombres que durante años vistieron el uniforme fueron tratados como si representaran una amenaza para la seguridad nacional.

Y la cosa no se quedó ahí.

También fue dispersada con gases y bombas una marcha de productores agropecuarios organizada por la ANPA que se dirigía hacia el Palacio Nacional. En medio del operativo, varios manifestantes resultaron afectados, entre ellos el dirigente gremial Tito Hernández.

Resulta curioso. El PRM, que en sus años de oposición encabezó protestas, marchas, piquetes y concentraciones por casi cualquier causa, ahora desde el poder parece tener poca tolerancia a las manifestaciones, incluso cuando son pacíficas. Después hablan de fortalecer la democracia.

Y apareció la ministra de Interior, Faride Raful, explicando que la marcha no tenía permiso. Sí, la misma Faride que desde la oposición defendía el derecho ciudadano a protestar. La política tiene cosas extrañas: cambia el discurso más rápido que un semáforo.

La pregunta sigue en el aire: ¿por qué la misma contundencia que se utilizó contra policías retirados y agrónomos no se ve con igual fuerza contra delincuentes, atracadores y microtraficantes que operan en numerosos barrios del país?

Por otro lado, sigue creciendo el ruido alrededor del escándalo relacionado con un cargamento de más de 270 paquetes de cocaína desaparecidos y las denuncias sobre supuestos tumbes a narcotraficantes. Son versiones que circulan con fuerza en distintos sectores y que continúan alimentándose por la falta de información oficial amplia y convincente.

Se menciona la investigación de varios oficiales, incluyendo generales y coroneles. También se habla de vigilancia y seguimiento internacional sobre algunos de los involucrados. Son temas delicados que exigen transparencia absoluta.

Igualmente circulan versiones que vinculan a altos oficiales con decisiones polémicas relacionadas con personas investigadas en ese caso. Son señalamientos graves que deben ser aclarados por las autoridades para evitar que el rumor termine sustituyendo la verdad.

Porque cuando las instituciones guardan silencio, el vacío lo llenan las especulaciones.

Lo cierto es que la Policía Nacional atraviesa uno de los momentos más incómodos de los últimos años. Y el presidente Abinader, como máxima autoridad del Estado, tiene el deber de garantizar que cualquier investigación llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar rangos, relaciones o influencias. Caiga quien caiga.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos mantiene prudente silencio público sobre el caso. No opina, no comenta y no interviene. Pero nadie cree que los organismos internacionales ignoren lo que ocurre dentro de una institución tan sensible para la seguridad nacional.

La verdad es que nada de esto sorprende demasiado. Hace tiempo advertimos que la reforma policial necesitaba una dirección respaldada por experiencia, credibilidad, capacidad gerencial y una hoja de vida libre de cuestionamientos. Sin embargo, otras fueron las decisiones tomadas.

Y mientras aquí aumentan los escándalos, los cuestionamientos y la desconfianza, el petróleo sigue bajando en los mercados internacionales. Por eso muchos ciudadanos esperan que esa reducción llegue finalmente a los combustibles.

Porque ya la gente está cansada del cuento de los precios congelados. Cuando el petróleo sube, aumentan los combustibles. Pero cuando baja, aparecen las explicaciones técnicas, los subsidios, las fórmulas y los discursos.

Y el bolsillo del pueblo sigue esperando. Así está la cosa.