Buenos días…

Pues sí. El silencio del director de la Policía Nacional frente al escándalo de Haina, relacionado con el supuesto robo de 271 paquetes de cocaína por parte de oficiales y alistados, durante un presunto tumbe a narcotraficantes, resulta ensordecedor.

Si ese hecho ocurrió, el país merece conocer quiénes participaron, quiénes encubrieron y quiénes responderán ante la justicia. Y si no ocurrió, corresponde a las autoridades desmontar la versión con pruebas, no con silencio. Porque el silencio nunca limpia una institución… la hunde.

La Policía Nacional arrastra una larga cadena de escándalos durante las dos últimas gestiones. La confianza ciudadana se ha desplomado y la llamada reforma policial sigue sin exhibir un solo resultado capaz de convencer a la población de que algo cambió.

Presidente Luis Abinader: llegó el momento de ejercer plenamente su liderazgo. La Policía necesita una depuración profunda, no cosmética. El país espera acciones, no discursos.

Si las auditorías practicadas a distintas dependencias policiales detectaron irregularidades millonarias que afectaron organismos como la Digesett, Politur, el Hospital Docente y el Instituto Policial de Educación Superior (IPE), esos informes deben ser remitidos al Ministerio Público para que se investiguen hasta las últimas consecuencias. Si hubo corrupción, que los responsables respondan ante la justicia, sin importar el rango que ocupan, o ocuparon, o los respaldos políticos que puedan tener.

El Ministerio Público tiene en sus manos, desde hace varios meses, el expediente de la auditoría realizada a la Digesett. Lo recibió formalmente. Ahora el país espera que ese documento no termine engavetado y que, si existen responsabilidades penales, se actúe con todo el peso de la ley.

La corrupción no puede premiarse con ascensos, pensiones o silencio administrativo. Debe enfrentarse con expedientes, tribunales y condenas, si las pruebas así lo establecen.

Presidente Abinader: Usted prometió transparencia, combate a la corrupción y cero impunidad. Es tiempo de demostrarlo. La ciudadanía espera hechos. Porque cuando un gobernante decide mirar hacia otro lado, corre el riesgo de que la historia lo juzgue por lo que hizo… y también por lo que dejó de hacer.

Y hablando de la Policía… ¿Alguien puede decirle al país cuántas personas han muerto en los llamados «intercambios de disparos» desde aquel 19 de noviembre de 2022, cuando el presidente Abinader advirtió que los delincuentes debían entregarse o serían enfrentados drásticamente?

También sería oportuno que las autoridades, o quienes se presentan como defensores de los derechos humanos, respondieran:

• ¿Cuántos grandes narcotraficantes han caído en esos operativos?
• ¿Cuántos cabecillas del crimen organizado fueron capturados o se entregaron?
• ¿Cuántos microtraficantes fueron realmente sacados de circulación?
• ¿Ha disminuido la delincuencia?
• ¿Se siente hoy más segura la población?

La respuesta parece estar en las calles. Pues, persisten los asaltos, los homicidios, la violencia y el miedo. La percepción de inseguridad continúa siendo elevada y cada nuevo escándalo erosiona aún más la confianza en la Policía.

Resulta especialmente preocupante escuchar a ciudadanos afirmar que sienten más temor de encontrarse con una patrulla que con un delincuente. Cuando una institución creada para proteger pierde la confianza de la población, la crisis deja de ser policial y se convierte en una crisis de Estado. Ojo con eso, Presidente.

No todo está perdido. La Policía cuenta con miles de hombres y mujeres honestos que cumplen su deber con dignidad. Ellos son quienes terminan pagando el costo de los errores, las omisiones y los escándalos protagonizados por una minoría.

Por eso la reforma debe comenzar por la cúpula, por los mecanismos de control y por la rendición de cuentas. Una verdadera transformación requiere escuchar a oficiales retirados de reconocida trayectoria, fortalecer la investigación interna y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

Después de miles de millones de pesos invertidos en la reforma policial, el país tiene derecho a preguntar: ¿cuál ha sido el resultado concreto? ¿Dónde están los indicadores que demuestran que la institución funciona mejor? ¿Qué cambió realmente?

Y hacemos la pregunta porque los escándalos siguen apareciendo… y las respuestas siguen desapareciendo.

Y pasando a otro tema… La guerra en Ucrania debe terminar. Las grandes potencias tienen la responsabilidad de impulsar una salida negociada que evite una escalada de consecuencias impredecibles.

Del mismo modo, la ONU y la OEA enfrentan una profunda crisis de credibilidad. Cada vez son más cuestionadas por su limitada capacidad para hacer cumplir sus resoluciones y prevenir conflictos internacionales.

En Oriente Medio, la prioridad debe ser detener la guerra y proteger a la población civil. El costo humano del conflicto en Gaza, así como las tensiones en el Líbano y otras zonas de la región, exigen un mayor compromiso de la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego duradero y una solución política.

El mundo necesita menos bombas y más diplomacia. Porque ninguna guerra se gana cuando quienes más mueren son los civiles.

La paz sigue siendo la única victoria que vale la pena conquistar.