Buenos días…

Los apagones cambiaron de nombre. Ahora se llaman «sobrecarga», según Celso Marranzini. O sea, la luz no se va, lo que pasa, dicen, es que el sistema se sobrecarga. Un cambio de etiqueta que no ilumina una sola casa.

El problema es que los dominicanos no viven en una burbuja ni se tragan cuentos. Llámelo apagón, sobrecarga o maquillaje eléctrico. El resultado es el mismo: barrios a oscuras, electrodomésticos dañados, facturas más caras y un servicio que sigue siendo una deuda histórica.

Y nadie puede negar que, durante la actual gestión, la crisis eléctrica se ha agravado. Los famosos circuitos de 24 horas dejaron de ser la norma en muchas comunidades. Ahora abundan los apagones, los «prendiones» y las variaciones de voltaje. En muchos sectores, el sistema parece un arbolito navideño: prende, apaga, prende y vuelve a apagar.

Antes culpaban a las chichiguas. Ahora el culpable es la «sobrecarga». Cambia la excusa, pero el apagón llega puntual.

Aquí la cosa también se está calentando en el terreno político y social. Mientras en República Dominicana las protestas suelen terminar entre bombas lacrimógenas y enfrentamientos, en Venezuela miles de jóvenes volvieron a salir a las calles para exigir elecciones libres, mayores garantías democráticas y respeto a sus derechos. El descontento sigue creciendo y la presión también.

Y hablando de Venezuela, continúan acumulándose denuncias contra el régimen encabezado por Delcy Rodríguez. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen sus alertas sobre presos políticos, restricciones a las libertades públicas y denuncias de presuntas desapariciones forzadas presentadas por familiares y activistas.

Cada nueva denuncia profundiza la imagen de un país atrapado en una crisis que parece no encontrar salida. Mientras tanto, miles de venezolanos siguen reclamando exactamente lo mismo: democracia, elecciones transparentes y respeto a los derechos fundamentales.

Y como si la tragedia política no bastara, Venezuela también enfrenta el golpe de la naturaleza. Dos fuertes terremotos estremecieron el país, agravando la situación humanitaria. Los reportes preliminares advierten sobre numerosas víctimas, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. Ojalá Dios extienda su mano sobre esa nación y permita que vuelva a levantarse, dejando atrás tanto desastre y tanta corrupción.

Lamentable el caso del oficial de la DNCD, Oscar Antonio Anico Guerrero, encontrado muerto dentro de su vehículo en la avenida Ecológica. Sus familiares rechazan la versión de un suicidio y exigen una investigación exhaustiva que esclarezca qué ocurrió realmente. En un caso tan delicado, la transparencia no puede quedarse fuera del expediente.

Y siguen las muertes en supuestos «intercambios de disparos». Una versión oficial que cada vez encuentra más escépticos. Lo cierto es que esas muertes no han frenado la inseguridad, ni los asaltos, ni el microtráfico que continúa operando en numerosos barrios del país.

Mientras tanto, persiste el silencio alrededor del caso de la droga desaparecida en Haina. Diversas versiones que circulan públicamente hablan de la posible participación de oficiales policiales, pero hasta ahora las autoridades no han ofrecido explicaciones que despejen las dudas.

Tampoco se ha explicado con suficiente claridad qué ocurrió con los presuntos implicados, el coronel de la DNCD detenido durante esa operación, las armas que fueron incautadas y posteriormente devueltas por disposición superior, de un oficial general, según las versiones que han circulado.

Incluso se comenta la supuesta participación de generales y coroneles de alto rango. Son rumores, sí, pero cuando el silencio oficial sustituye las respuestas, el rumor encuentra terreno fértil para crecer. Y mientras nadie habla, la desconfianza sigue aumentando.

Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Eso nadie lo discute. Pero una cosa es el derecho a una vivienda y otra muy distinta es invadir una propiedad privada.

La Constitución protege el derecho de propiedad. La tierra no camina, no desaparece ni cambia de dueño por ocupación ilegal. Quien invade un terreno privado viola ese derecho y debe responder conforme a la ley. El nuevo Código Penal endurece las sanciones contra las invasiones, y corresponde al Estado hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones. El paso del tiempo no convierte una ocupación ilegal en un derecho adquirido.

Y al cierre…

Hay quienes le están dando con todo a Quique Antún, presidente del reducido PRSC, por impulsar como precandidato a una figura sin trayectoria política. Dentro del partido ya se escuchan voces de inconformidad y hasta se habla de una posible división.

Y queda la pregunta… ¿Y si Alofoke termina comprando esa parcela política?

La política dominicana ya parece un mercado de bienes raíces. La diferencia es que aquí no siempre gana el que más votos tiene… sino el que más ruido hace.