Familiares en nómina, barrilito, exoneraciones, privilegios y cuestionamientos que atraviesan a PRM, PLD y Fuerza del Pueblo: cambian los colores, pero los privilegios parecen sobrevivir.

Congreso RD: la «empresa» deficitaria y más cara del país

Sesenta y cinco familiares de 59 legisladores aparecen en las nóminas del Congreso Nacional.

La investigación publicada esta semana por Diario Libre, correspondiente a las nóminas de agosto de 2026, establece que 53 diputados y seis senadores tienen parientes empleados en el Congreso, con salarios que oscilan entre RD$27,500 y RD$118,000 mensuales.

Uno de cada cuatro diputados tiene algún familiar en la nómina congresual. La práctica, según la investigación, no está expresamente prohibida por una ley o resolución, pero plantea un serio cuestionamiento ético sobre el uso de los recursos públicos.

Barrilito: más de RD$252 millones al año

El denominado “barrilito”, oficialmente Fondo de Asistencia Social de los senadores, representa más de RD$252 millones anuales para el Estado, según datos publicados por Diario Libre.

Y aquí viene la pregunta que nadie quiere contestar: ¿cuánto de ese dinero termina realmente convertido en una política social institucional y cuánto depende de la discrecionalidad de cada legislador?

Exoneraciones: RD$2,140 millones

Entre 2020 y julio de 2024, la importación de 499 vehículos exonerados a nombre de legisladores representó un sacrificio fiscal de RD$2,140 millones, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas obtenidos por Diario Libre. Más de 170 de esos vehículos eran de lujo o deportivos.

La propia investigación documentó además que la práctica de vender o transferir estas exoneraciones a terceros ha sido reconocida por legisladores, mientras que proyectos destinados a modificar el privilegio no han prosperado.

¿Y quién controla al Congreso?

Ahí está el verdadero problema.

El Congreso está llamado a fiscalizar al Poder Ejecutivo, legislar para la nación y defender los intereses colectivos. Pero cuando los propios legisladores disfrutan de privilegios económicos, exoneraciones y fondos de manejo discrecional, surge una pregunta inevitable: ¿Quién fiscaliza al fiscalizador?

SeNaSa, placas y otros señalamientos

También han surgido cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos vinculados a SeNaSa, así como denuncias sobre el supuesto préstamo, alquiler o utilización irregular de placas oficiales por particulares.

Además, se comenta que SeNaSa le pagaba mensual a la clínica de un senador del Sur transferencias fijas que superan el presupuesto del principal hospital de su provincia.

Estos señalamientos, por su gravedad, deben ser investigados y documentados por las autoridades correspondientes. Una denuncia no es una sentencia, pero tampoco debe convertirse en un papelito para engavetar.

Si hubo irregularidades, que aparezcan los responsables. Si no las hubo, que se demuestre.

Porque en una democracia seria, ni la acusación sustituye a la prueba ni el cargo público puede convertirse en escudo contra la investigación.

Casos de legisladores vinculados a procesos judiciales

La historia reciente también registra legisladores dominicanos que han enfrentado procesos judiciales relacionados con narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.

Entre los casos conocidos públicamente figuran los del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, y la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, condenada en República Dominicana por lavado de activos.

Estos casos no pueden utilizarse para acusar colectivamente a todos los legisladores. La responsabilidad penal es individual y debe establecerse mediante sentencia.

Pero tampoco pueden ignorarse cuando se discute la calidad de los controles sobre quienes ocupan posiciones de representación nacional.

Préstamos, presupuestos y privilegios

También resulta necesario poner bajo la lupa la aprobación de préstamos y el manejo del presupuesto congresual.

Cuando se habla de miles de millones de pesos y de empréstitos internacionales, la sociedad tiene derecho a saber qué se aprobó, para qué se aprobó, cuánto costará y quién responderá por la deuda.

El Congreso no puede convertirse en una simple fábrica de levantar manos.

Porque aprobar una ley, un préstamo o un presupuesto no debería ser un acto mecánico.

Los legisladores no fueron enviados al Congreso a decir “sí” a todo. Fueron enviados a leer, estudiar, fiscalizar, debatir y responder ante el pueblo.

Cambian los colores, no siempre las costumbres

Y aquí aparece la parte más incómoda de esta historia.

PRM, PLD y Fuerza del Pueblo representan proyectos políticos diferentes y tienen posiciones distintas en numerosos temas. Pero cuando se trata de determinados privilegios congresuales, las críticas ciudadanas apuntan a una práctica que ha sobrevivido a los cambios de gobierno y de mayoría.

Entonces cabe la pregunta de Plinio De Óleo: ¿Cambian los partidos, cambian los colores, cambian los discursos… pero permanecen los privilegios?

El problema no es solamente quién ocupa una curul.

El problema es qué hace con ella.

Y si el Congreso está llamado a legislar para controlar los abusos del poder, debería comenzar por mirarse en el espejo.

Porque, al final, la factura no la paga el honorable.

La paga el pueblo.

¡Aprobado, honorables!

Y mientras el ciudadano cuenta los pesos para llegar a fin de mes, el Congreso sigue contando privilegios.

¿Aprobado? ¡Aprobado, honorables!