Durante una conferencia en la ACIS, el jurista Jottin Cury hijo explicó los alcances de la Ley 74-25 y llamó a empresarios y comerciantes a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento y prevención.

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) se convirtió en escenario de un amplio debate sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para el sector empresarial, durante una conferencia magistral ofrecida por el jurista Jottin Cury hijo, quien estuvo acompañado por los doctores Pelegrín Castillo y Félix Olivares.

La exposición concitó la atención de empresarios, comerciantes y representantes de distintos sectores productivos, debido a los cambios que introduce la nueva legislación penal y las responsabilidades que podrían recaer sobre las empresas y sus ejecutivos.

La actividad se produjo en un momento clave para el país, luego de la entrada en vigencia, el 3 de agosto de 2026, de la Ley 74-25, que establece un nuevo Código Penal y sustituye el antiguo régimen penal dominicano, vigente desde el siglo XIX, sujeto a posteriores modificaciones.

Un nuevo escenario para las empresas

Uno de los aspectos destacados durante la conferencia fue la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que abre la posibilidad de que las empresas puedan enfrentar consecuencias penales cuando determinados hechos delictivos sean cometidos en su beneficio o bajo fallas de dirección, control o supervisión, conforme a las condiciones establecidas por la legislación.

En ese sentido, Cury llamó la atención sobre la importancia de que las empresas desarrollen mecanismos efectivos de cumplimiento, prevención y control interno que permitan identificar, evitar y denunciar posibles conductas ilícitas.

Colusión: multas y otras sanciones

Otro de los puntos abordados fue el tratamiento de las prácticas de colusión, particularmente aquellas dirigidas a manipular precios, restringir la competencia o reducir artificialmente la producción.

El nuevo marco legal contempla sanciones para las personas jurídicas que incurran en determinadas conductas delictivas, que pueden incluir multas y otras consecuencias jurídicas, entre ellas restricciones para contratar con el Estado y, en los casos previstos por la ley, medidas que pueden afectar la continuidad de las operaciones de la empresa.

Cambia la clasificación de las infracciones

El nuevo Código Penal también modifica la tradicional clasificación de las infracciones penales y establece categorías de delitos con diferentes niveles de gravedad y consecuencias jurídicas.

Asimismo, incrementa las penas aplicables a determinados hechos delictivos y establece nuevas reglas para la imposición y acumulación de sanciones.

Nuevos delitos y conductas penalizadas

Durante la conferencia también se analizaron diversas figuras incorporadas o redefinidas por la nueva legislación, entre ellas el feminicidio como delito autónomo, el sicariato, el acoso escolar (bullying), el ciberacoso, el chantaje mediante contenido íntimo y determinadas modalidades de fraude y estafa.

También se abordaron situaciones relacionadas con la comercialización de bienes inmuebles en planos sin cumplir las obligaciones asumidas y los esquemas fraudulentos de tipo piramidal.

Cumplimiento: prevenir antes que lamentar

Uno de los principales mensajes dirigidos al sector empresarial fue la necesidad de fortalecer los programas de cumplimiento y prevención.

Las empresas deberán prestar especial atención a sus sistemas de supervisión, controles internos, prevención del fraude y seguridad laboral, entre otros mecanismos destinados a reducir los riesgos legales y demostrar que han adoptado medidas razonables para prevenir conductas ilícitas.

El encuentro de la ACIS puso sobre la mesa un nuevo escenario jurídico que obliga al empresariado dominicano a mirar más allá de las operaciones comerciales y prestar mayor atención a la prevención penal, el control interno y la responsabilidad corporativa.

La conferencia de Jottin Cury hijo, con la participación de Pelegrín Castillo y Félix Olivares, sirvió así como una advertencia para el sector productivo: el desconocimiento de las nuevas reglas no exime de responsabilidad y las empresas tendrán que adaptar sus estructuras a las exigencias del nuevo Código Penal.