SeNaSa: De la desconfianza a una segunda fase que amplía el escándalo
Por Margarita de la Rosa
Durante meses, alrededor del caso SeNaSa comenzó a crecer algo tan peligroso como las propias denuncias de corrupción: la desconfianza.
En sectores de la opinión pública se preguntaba qué había pasado con la anunciada segunda fase de la investigación.
Se hablaba mucho del escándalo, de miles de millones de pesos presuntamente sustraídos y de una estructura que, según el Ministerio Público, no se limitaba a unas cuantas personas. Sin embargo, el tiempo transcurría y los nuevos sometimientos no llegaban.
La demora alimentó dudas. Hubo quienes llegaron a preguntarse si el expediente se estaba dejando enfriar, si la investigación se detendría en los primeros imputados o si finalmente alcanzaría a otros actores que pudieran haber participado en el entramado.
Este viernes 18 de septiembre el escenario cambió.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, segunda fase de la investigación sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con 37 allanamientos y 28 personas arrestadas, entre ellas exempleados de la aseguradora estatal, médicos y otros prestadores de servicios de salud.
Los operativos se realizaron en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
La magnitud del despliegue ofrece una idea del alcance de las pesquisas: participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la participación del DNI en la investigación. Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, cuyo valor total todavía no ha sido informado.
La nueva etapa amplía considerablemente el radio de la investigación.
Mientras la primera Operación Cobra llevó ante los tribunales al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros exfuncionarios y personas vinculadas al caso, Cobra 2.0-A dirige ahora parte de sus pesquisas hacia profesionales y prestadores de servicios de salud.
Entre los arrestados se encuentran médicos de diferentes especialidades y personas relacionadas con el sector farmacéutico.
Ha trascendido, entre otros nombres, el del doctor Juan Gabriel Rodríguez Revelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras. Hasta el cierre de esta información, el Ministerio Público no había divulgado una relación oficial completa de los 28 detenidos ni las imputaciones individualizadas de todos ellos.
Pero quizás uno de los elementos más reveladores de esta segunda fase se encuentra en el mecanismo que los investigadores aseguran haber descubierto.
Según documentos judiciales conocidos este viernes, el Ministerio Público sostiene que se utilizaron datos de afiliados para generar consultas y procedimientos que estos nunca habrían solicitado ni recibido. Entre enero de 2021 y febrero de 2025, la investigación identificó 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto superior a RD$41.1 millones.
La acusación sostiene además que, una vez SeNaSa realizaba los pagos, algunos participantes entregaban entre 40 % y 60 % de lo cobrado a miembros de la estructura investigada.
El Ministerio Público afirma que se seleccionaban preferentemente afiliados con poco historial de interacción con la institución, lo que habría disminuido la posibilidad de que descubrieran el uso de sus datos. Un dato resulta particularmente insólito: una auditoría de SeNaSa encontró consultas ginecológicas cargadas a afiliados masculinos, quienes, al ser contactados, negaron haber recibido esos servicios.
Las autoridades atribuyen al entramado investigado distintas modalidades, entre ellas sobornos, doble facturación, cobros por servicios no prestados, adulteración de estados financieros y utilización de documentos falsos. Son señalamientos del órgano acusador que deberán ser demostrados ante los tribunales y frente a los cuales los detenidos conservan su presunción de inocencia.
La investigación no termina aquí
Cobra 2.0-A despeja, al menos por ahora, una de las grandes interrogantes que rodeaban el expediente: la segunda fase llegó y amplió considerablemente el número y el perfil de las personas investigadas. Pero abre otras preguntas.
Habrá que establecer hasta dónde llegó la estructura, quiénes participaron realmente, cuánto dinero fue sustraído, qué controles fallaron dentro de la aseguradora pública y cómo pudo mantenerse durante años un mecanismo que, según la investigación, llegó incluso a facturar servicios médicos a personas que nunca los recibieron.
Ahora corresponde al Ministerio Público presentar las evidencias y a los tribunales determinar responsabilidades.
Porque en un caso de esta dimensión no basta con anunciar investigaciones ni con practicar allanamientos.
La recuperación de la confianza pública dependerá de que se investigue hasta las últimas consecuencias, se respete el debido proceso y las responsabilidades que puedan probarse no se detengan ante nombres, cargos, profesiones o influencias.
El caso SeNaSa entra así en una nueva etapa. Y esta vez, después de meses de preguntas y desconfianza, los hechos tendrán que hablar en los tribunales.
