La ONU en Haití: décadas de presencia y una crisis que persiste
Por Margarita de la Rosa
Durante décadas, Haití ha sido escenario de intervenciones internacionales, misiones de paz, resoluciones y promesas de estabilización. Sin embargo, continúa atrapado en una crisis de violencia que mantiene a miles de familias bajo el miedo impuesto por las pandillas armadas.
Ante semejante tragedia, resulta inevitable preguntarse: ¿qué ha ocurrido con tantos años de presencia internacional? ¿Qué resultados concretos han dejado las distintas intervenciones? ¿Por qué no se ha logrado construir una seguridad duradera?
La Organización de las Naciones Unidas ha mantenido distintas misiones en Haití desde la década de 1990. Una de las más conocidas fue la MINUSTAH, desplegada entre 2004 y 2017, seguida de otras iniciativas de apoyo político, seguridad y fortalecimiento institucional.
Sería injusto afirmar que ninguna produjo avances. Pero también resulta imposible ignorar que, después de tantos esfuerzos, Haití sigue sin alcanzar una estabilidad duradera.
Y las cifras estremecen. Un informe de Naciones Unidas del 12 de octubre de 2026 registra 1,123 muertos y 440 heridos por violencia relacionada con las pandillas entre julio y comienzos de octubre. Cerca de un millón y medio de personas permanecen desplazadas de sus hogares.
¿Es suficiente aprobar resoluciones, enviar misiones y destinar cuantiosos recursos cuando las organizaciones criminales continúan imponiendo el terror?
La responsabilidad no corresponde exclusivamente a Naciones Unidas. Los gobiernos haitianos, sus instituciones y las potencias que participan en las decisiones internacionales también tienen responsabilidades que deben examinarse.
Pero cuando una crisis se prolonga durante tantos años, no basta con explicar las dificultades. También hay que rendir cuentas de los resultados.
En medio de este panorama, la participación de El Salvador ha despertado nuevas expectativas y controversias. El presidente Nayib Bukele, cuyo gobierno ha impulsado una política de seguridad que redujo drásticamente los homicidios en su país, ha reforzado la presencia militar salvadoreña en Haití.
El reciente envío de efectivos, tras la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños durante un ataque de pandillas, ha vuelto a colocar sobre la mesa las preguntas acerca de la capacidad de respuesta frente a estas organizaciones criminales.
Hay quienes reciben con esperanza una intervención más enérgica. Otros advierten sobre los riesgos para la población civil y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos. Todavía es temprano para determinar los resultados de esta nueva etapa.
Pero la interrogante permanece: ¿qué debe cambiar para que las intervenciones internacionales produzcan una seguridad que pueda sostenerse en el tiempo?
No se trata de presentar una operación militar como solución mágica a problemas acumulados durante generaciones. Haití necesita seguridad, pero también instituciones capaces de garantizar justicia, servicios y oportunidades a su población.
Mientras tanto, detrás de las estadísticas hay madres que temen por sus hijos, trabajadores que no pueden salir de sus comunidades y familias que han perdido sus hogares. Son seres humanos que no pueden continuar esperando indefinidamente.
Después de tantas misiones, resoluciones y promesas, la pregunta fundamental no debería ser cuántos soldados se han enviado, cuántos recursos se han destinado o cuántas reuniones se han celebrado.
La verdadera pregunta es cuántas vidas se han protegido, cuánto sufrimiento se ha evitado y qué futuro se está construyendo para el pueblo haitiano.
Porque las intervenciones se anuncian, las misiones terminan y los gobiernos cambian. Pero la tragedia de Haití persiste. ¿Hasta cuándo?
