WASHINGTON

La llamada guerra contra el narcotráfico ha entrado en una nueva y controvertida fase.

Más de 200 personas han muerto en operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones identificadas por agencias de inteligencia como parte de redes internacionales de tráfico de drogas.

Según estadísticas divulgadas por medios estadounidenses, la ofensiva ordenada por la administración del presidente Donald Trump ha dejado al menos 205 fallecidos desde septiembre de 2025, en una campaña que ha despertado fuertes cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con informaciones atribuidas a investigaciones periodísticas, Washington autorizó 62 operaciones militares contra barcos sospechosos de participar en actividades de narcotráfico en aguas internacionales y territoriales consideradas estratégicas para el transporte de drogas.

La intensidad de estas acciones alcanzó uno de sus puntos más altos en diciembre de 2025, cuando las fuerzas estadounidenses ejecutaron 14 operaciones coordinadas en un solo mes, utilizando recursos navales, inteligencia satelital y aeronaves de combate.

Ataque cada tres días

Los reportes indican que entre el 11 de abril y el 8 de mayo de este año las operaciones militares se intensificaron notablemente.

Durante ese período, las fuerzas estadounidenses habrían atacado embarcaciones sospechosas prácticamente cada tres días, evidenciando una estrategia cada vez más agresiva para interceptar rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

Las operaciones se desarrollaron principalmente en corredores marítimos considerados sensibles para el tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica y Europa.

Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico ya no se libra únicamente en las calles o en las fronteras. Ahora también se combate con misiles, cazas de combate y operaciones militares en alta mar.

Cazas lanzan misiles contra embarcaciones

Uno de los aspectos más polémicos de esta campaña ha sido la utilización de armamento militar de alta tecnología contra objetivos marítimos civiles.

Informes previos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señalaron el empleo de misiles guiados de precisión lanzados desde aviones de combate F/A-18 Super Hornet desplegados en portaviones estadounidenses.

Las acciones también incluyeron vigilancia aérea, seguimiento satelital y operaciones navales de interdicción para neutralizar embarcaciones consideradas sospechosas.

Para Washington, estas medidas forman parte de una estrategia destinada a desmantelar las rutas internacionales del narcotráfico y reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Crecen las críticas

Sin embargo, la ofensiva militar ha provocado una ola de cuestionamientos entre especialistas en derecho internacional, organizaciones de derechos humanos y analistas de seguridad.

Las principales críticas giran en torno a la falta de procedimientos judiciales previos que permitan determinar la responsabilidad individual de las personas que se encontraban a bordo de las embarcaciones atacadas.

Juristas internacionales advierten que el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes fuera de escenarios formales de guerra podría abrir un debate jurídico complejo sobre la legalidad de estas operaciones.

Además, algunos expertos sostienen que la militarización de la lucha antidrogas representa un cambio significativo en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, ampliando el papel de las Fuerzas Armadas en tareas que tradicionalmente correspondían a organismos policiales y judiciales.

Preocupación por redes criminales 

La campaña refleja la creciente preocupación de Washington por las redes criminales que operan en rutas marítimas internacionales, muchas de las cuales han incrementado el uso de embarcaciones rápidas, barcos pesqueros y cargueros para transportar grandes cantidades de drogas.

Mientras las autoridades estadounidenses defienden las operaciones como una herramienta necesaria para combatir organizaciones cada vez más sofisticadas y violentas, los críticos advierten que la ausencia de controles judiciales y la elevada cifra de muertos podrían convertir esta estrategia en uno de los capítulos más controvertidos de la actual política de seguridad estadounidense.