A Ángel Martínez lo quieren borrar por decir lo que otros ocultaban

No es un secreto para nadie que existen sectores que quisieran ver fuera del escenario público al veterano comunicador e investigador Ángel Martínez.

Sus denuncias, revelaciones y acusaciones han golpeado durante años a figuras del ámbito político, empresarial y del bajo mundo. Gusten o no sus métodos, lo cierto es que sus declaraciones suelen provocar terremotos mediáticos y mantener a más de uno sin dormir.

Martínez ha denunciado en reiteradas ocasiones que teme por su vida y ha asegurado públicamente que existen personas interesadas en callarlo. Incluso, en diferentes momentos ha señalado nombres y sectores que, según él, podrían estar detrás de cualquier atentado en su contra.

Sus afirmaciones son graves y corresponden a las autoridades investigarlas con seriedad. Porque en un Estado de derecho nadie debe ser perseguido, amenazado o silenciado por expresar denuncias, independientemente de que estas luego sean confirmadas o descartadas por la justicia.

Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos de República Dominicana.

Es una realidad que durante las últimas décadas individuos vinculados al narcotráfico han intentado infiltrarse en la política, obtener posiciones de poder y utilizar recursos ilícitos para ganar influencia. Algunos terminaron procesados, otros extraditados y varios cumplen condenas, pero fuera del país.

También es conocido que existen figuras públicas que han sido objeto de investigaciones o sanciones internacionales por distintos motivos, lo que demuestra que el problema sigue vivo y lejos de desaparecer.

Y en ese escenario, la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico continúa siendo un factor determinante. El presidente Donald Trump ha reiterado que mantendrá la presión contra las estructuras criminales que operan en la región, una postura que mantiene nerviosos a quienes todavía tienen cuentas pendientes con la justicia.

Mientras tanto, en Nagua ocurrió un hecho sangriento que merece una investigación profunda y transparente.

Un joven ultimó a tiros a un agente policial y, según las versiones iniciales, alegó que actuó motivado por una situación previa en la que había resultado herido de bala sin que encontrara respuestas en la justicia.

Si esa versión es cierta, sería una tragedia anunciada. Cuando la justicia no actúa, algunos terminan creyendo erróneamente que pueden tomarla por sus propias manos.

Pero detrás de este caso circulan versiones preocupantes que las autoridades tienen la obligación de investigar.

Existen señalamientos sobre posibles vínculos de civiles y agentes con actividades ilícitas, supuestos pagos de protección y relaciones con estructuras criminales. Son denuncias delicadas que requieren pruebas, pero que no pueden ser ignoradas ni barridas debajo de la alfombra.

La muerte del policía y las circunstancias que rodean las heridas previas del civil deben ser esclarecidas hasta las últimas consecuencias.

Este expediente no puede quedarse cojo, como tantos otros que terminan archivados en el cementerio de la impunidad.

Presidente Luis Abinader, abra bien los ojos.

La prometida reforma policial sigue sin convencer a gran parte de la población. La inseguridad continúa golpeando barrios y ciudades, mientras los ciudadanos observan con preocupación casos de violencia, asaltos, robos, intercambios de disparos y denuncias de actuaciones cuestionables de algunos agentes.

La confianza no se construye con discursos ni uniformes nuevos. Se construye con resultados.

Por si el panorama no fuera suficientemente complicado, el Gobierno impulsa una reforma fiscal presentada como respuesta a la crisis económica. Como si fuéramos indios para creer todos los cuentos. 

Sin embargo, cada vez son más los sectores que la perciben como una nueva carga sobre los hombros de una población agotada por el alto costo de la vida.

El petróleo ha mostrado descensos en los mercados internacionales. El dólar se mantiene relativamente estable. Los bancos siguen obteniendo ganancias millonarias. Pero el ciudadano común continúa pagando más por casi todo.

Más cara la comida.

Más caros los servicios.

Más caro el transporte.

Más caros los medicamentos.

Más caro vivir.

Y ahora se habla otra vez de impuestos.

El expresidente Leonel Fernández ha exigido retirar la propuesta y reformular el Presupuesto General del Estado para 2026, argumentando que el problema no es seguir sacándole dinero a la gente, sino controlar el gasto público.

Y muchos dominicanos coinciden en algo sencillo:

Antes de meterle la mano al bolsillo del pueblo, el Gobierno debería meterle tijera al despilfarro, a las botellas, a los privilegios y a los excesos que siguen drenando los recursos públicos.

Porque la paciencia ciudadana también tiene un límite.

Presidente, el pueblo ya está cansado de tantos aumentos. No más impuestos. Primero eliminen las botellas, los barriles, los privilegios y los galones del poder.