Buenos días…

 No. No somos enemigos de los narcotraficantes en sentido particular. Somos enemigos de la delincuencia y del crimen organizado, en toda su dimensión. Por eso respaldamos las operaciones internacionales contra el narcotráfico en el Caribe y quisiéramos que esas acciones también se extiendan a los países que sirven de puente para ese negocio criminal, entre ellos República Dominicana.

Pero vamos más lejos. Creemos, sin mirar hacia la derecha ni hacia la izquierda, que el presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no deben limitarse a perseguir a los narcotraficantes. También deben llevar ante los tribunales a los narcopolíticos, a sus protectores, a sus cómplices y a todo aquel que haya disfrutado de los bienes y recursos provenientes del narcotráfico, llámese como se llame y resida donde resida.

Eso sí. Que nadie sea condenado por rumores ni por expedientes fabricados. Que todo descanse sobre pruebas irrefutables. Pero si esas pruebas existen, que la justicia no tiemble. Que los primeros en responder sean precisamente quienes utilizaron el dinero del narcotráfico para enriquecerse, comprar poder, financiar campañas o aplastar a sus adversarios políticos.

Porque la lucha contra el crimen organizado no puede ser selectiva ni discriminatoria. No puede haber delincuentes de primera y delincuentes de segunda. Todos los criminales y sus cómplices deben recibir las 36 varas de la justicia.

Presidente Trump: mano dura. Que sus operaciones no terminen con Nicolás Maduro. Si ahí concluyen, les darán argumentos a quienes sostienen que el líder venezolano fue negociado o entregado por sus propios aliados. La lucha contra el narcotráfico pierde credibilidad cuando deja intocables a quienes realmente sostienen ese negocio desde el poder.

Nosotros no somos baúl de nadie. Pregunta un amigo lector cuál es el temor del presidente Luis Abinader para ordenar una auditoría a los fondos de la Policía Nacional, ahora que, según el discurso oficial, allí todo es «transparencia, eficiencia y maravillas».

Vale recordar que el mayor general Eduardo Alberto Then, al abandonar la Dirección General de la Policía Nacional, solicitó públicamente que esa institución fuera auditada. Nunca lo complacieron.

Diversos sectores, entre ellos medios y comunicadores, han solicitado en diferentes ocasiones que sea auditada la gestión del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, especialmente los recursos destinados a la reforma policial y al manejo de los combustibles. Sin embargo, el Gobierno parece tenerle a una auditoría más miedo que el diablo a la cruz.

¿Y por qué? Si allí todo es transparencia. Si allí todo es azul. Si allí funciona una «nueva Policía». Entonces, ¿cuál es el problema?

Historia. La lupa de la sociedad sigue apuntando hacia los dos últimos directores generales de la Policía Nacional: Ramón Antonio Guzmán Peralta y Andrés Modesto Cruz Cruz. Ambos han contado con la confianza absoluta del presidente de la República, quien los colocó al frente de una de las instituciones más sensibles del Estado.

Pero la confianza política no sustituye la obligación de rendir cuentas. Durante la gestión de Guzmán Peralta, una auditoría oficial detectó irregularidades millonarias en la DIGESETT. En la administración de Cruz Cruz, otro informe de auditoría reveló hallazgos de igual preocupación en el Hospital General de la Policía Nacional, con perjuicios económicos para el Estado dominicano.

La pregunta sigue en el aire: ¿quién responderá por esas irregularidades y quién asumirá la responsabilidad política y administrativa de esos hallazgos?

Claro, en estos tiempos, cuando se refieren a irregularidades, aunque sean millonarias, ya no se habla de corrupción. Ahora se llaman «debilidades».

En otros gobiernos esas mismas acciones habrían sido calificadas como corrupción administrativa. Pero vivimos tiempos de cambio, donde la corrupción parece premiarse y la lealtad castigarse.

¿O no es así, doctora Milagros Ortiz Bosch? No lo olviden: lo que antes era corrupción, ahora simplemente son «debilidades».

Con la llamada ley mordaza, muchos periodistas y comunicadores que durante años han denunciado abusos de poder, corrupción e injusticias tendrán, desde ahora, una espada jurídica sobre sus cabezas. El mensaje parece claro: o se callan, o se arriesgan a enfrentar las consecuencias penales.

El mensaje que muchos interpretan es tan simple como contundente: o bajan la voz, o les tiran la ley encima. No hay punto medio. O lo cogen o lo dejan.