Con el Código Penal se quiere callar al país

Vale recordar las palabras del político y científico estadounidense Benjamín Franklin: «Sin libertad de pensamiento no puede existir la sabiduría, y sin libertad de expresión no puede existir la libertad pública». Y nosotros agregamos: sin libertad pública, no puede haber democracia.

Cada vez son más los ciudadanos que sostienen que, con esta ley mordaza, o golpe a la libertad de expresión, el gobierno de Luis Abinader y el PRM pretende impedir que se diga aquello que el poder no quiere escuchar ni que la población conozca lo que algunos prefieren mantener oculto.

Eso nos lleva a otra reflexión, esta vez del escritor y periodista británico George Orwell: «La libertad de expresión consiste en decir lo que la gente no quiere oír».

En definitiva, el nuevo Código Penal refleja un excesivo celo por proteger el honor, la imagen y la reputación de funcionarios que parecen no querer ser objeto de cuestionamientos públicos.

Para muchos, este código no llegó para fortalecer derechos ni garantizar mayores libertades. Llegó para endurecer sanciones y enviar un mensaje inequívoco a periodistas, comunicadores y ciudadanos: o moderan lo que dicen, o enfrentarán las consecuencias legales.

El temor es evidente. Se instala la autocensura. Muchos pensarán dos veces antes de denunciar, investigar o simplemente expresar una opinión. Y cuando una sociedad comienza a callar por miedo, la libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en un riesgo.

Esperamos que los defensores de los derechos humanos, los dirigentes políticos que desfilan diariamente por los medios de comunicación, los líderes comunitarios y la llamada sociedad civil levanten su voz para defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informar y a ser informados.

Porque las democracias casi nunca mueren de un solo golpe. Mueren lentamente. Mueren por desgaste. Mueren por miedo. Mueren por silencio.

Y esa es precisamente la peligrosa ruta que muchos perciben hoy en la República Dominicana.

Algunos parecen decididos a poner en práctica aquella vieja reflexión, según la cual la democracia permite que los ciudadanos elijan el rumbo de una nación… hasta que algunos utilizan esa misma democracia como escalera para concentrar cada vez más poder.

También queremos escuchar una posición clara, firme y sin rodeos del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, frente a esta ley mordaza que numerosos sectores consideran un golpe contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y, en consecuencia, contra una democracia que muchos perciben cada vez más debilitada.

Porque el silencio, en momentos como este, también habla.

Bien hizo el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional el Decreto 308-06, emitido en el año 2006 por el entonces presidente Leonel Fernández, que restringía los horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

En sus primeros años produjo resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente después de 2012, terminó siendo señalado por numerosos sectores como un instrumento de corrupción y de aplicación selectiva.

Y desde 2024, tras la llegada de Faride Raful al Ministerio de Interior y Policía, muchos denunciaron que también fue utilizado mediante operativos «abusivos», que dejaron hasta personas fallecidas, heridas y detenidas.

Nadie discute que el ruido excesivo y los escándalos deben ser controlados. Pero hay un problema mucho más grave. Mucho más peligroso. Mucho más dañino para la seguridad ciudadana. El microtráfico.

Mientras se concentran esfuerzos en perseguir el ruido, el narcotráfico al detalle continúa expandiéndose y hoy cualquiera denuncia que en cualquier esquina puede operar un punto de venta de drogas con absoluta tranquilidad.

Y nuevamente llamamos la atención del presidente Luis Abinader sobre la frontera dominico-haitiana. Mucho cuidado con ese territorio.

Las denuncias sobre el supuesto ingreso de armas hacia Haití, destinadas a las pandillas criminales, continúan multiplicándose. Y, en sentido contrario, también persisten denuncias sobre el ingreso irregular de distintos tipos de mercancías y sustancias raras hacia territorio dominicano.

La frontera no puede seguir siendo vista como un problema secundario. Es un asunto de seguridad nacional.

Y al cierre… Las encuestas nunca son perfectas. Siempre existirán cuestionamientos sobre su metodología y sobre quién las financia. Pero ninguna encuesta puede sustituir la percepción cotidiana de la gente.

Si un ciudadano siente que la inseguridad aumenta, que el costo de la vida golpea su bolsillo y que los servicios públicos no mejoran, ninguna medición estadística cambiará esa realidad en su mente.

Al final, la encuesta más contundente sigue estando en las calles, en los barrios y en la conversación diaria de la población. Y esa, tarde o temprano, es la que termina hablando en las urnas.