Drogas, corrupción, falsificaciones y expedientes “archivados”. Nada de eso. La JCE debe exigir certificaciones serias y sin borrón ni cuenta nueva. Y que los archivos muertos también hablen.

Buenos días…

Desde ya, la Junta Central Electoral (JCE) debería ir preparando el terreno. Y preparándolo en serio.

Todos los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al Senado, la Cámara de Diputados, alcaldías, direcciones municipales, regidurías y vocalías deberían estar obligados a presentar una certificación integral de antecedentes, sin borrón y cuenta nueva.

Porque aquí hay algo que debe quedar claro: los archivos muertos también cuentan y hablan.

No puede ser que un expediente desaparezca porque pasó el tiempo, porque alguien decidió guardarlo en un archivo o porque políticamente conviene mirar hacia otro lado. El pasado de un candidato también forma parte de su hoja de vida.

Y hablamos especialmente de asuntos relacionados con narcotráfico, corrupción, falsificaciones, lavado de activos y otros delitos graves.

La certificación debería ser lo suficientemente rigurosa para determinar si un aspirante ha sido investigado, procesado, señalado formalmente o vinculado a expedientes que hayan sido archivados o cerrados.

Naturalmente, una investigación o una acusación no equivale a una condena. Pero tampoco debe utilizarse el archivo de un expediente como una goma de borrar política.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes aspiran a gobernarla. Y estamos seguros de que hasta Alofoque estaría de acuerdo con este planteamiento. Porque es un hombre que, según ha dicho, viene a revolucionar nuestro país.

Y quién sabe… en cualquier momento lo escuchamos gritar desde una tarima:“¡Con pasado, que nadie aspire!”

Y ahí sí que se pondría bueno el asunto. Porque una cosa es tener pasado y otra muy distinta es pretender que el pasado desaparezca cuando llega la hora de buscar un cargo público.

Y esa certificación, si se establece, debe descansar en información de organismos con capacidad investigativa y credibilidad, tanto nacionales como internacionales, siempre dentro de las competencias y procedimientos establecidos por la ley.

El petróleo baja. Sí. Pero Ormuz sigue siendo una bomba de tiempo y el oro continúa brillando como refugio. El mercado puede estar respirando hoy, pero nadie garantiza que mañana no vuelva a contener la respiración.

El precio del crudo puede bajar por unas horas o unos días, pero mientras persista la tensión alrededor del estrecho de Ormuz, el fantasma de una nueva escalada seguirá sobre el mercado energético mundial. Y cuando el petróleo se pone nervioso, los consumidores terminan pagando la cuenta.

Lo ocurrido en Kenscoff no es simplemente otra masacre. Es otra demostración de que el Estado haitiano continúa enfrentando enormes dificultades para garantizar algo tan elemental como la vida y la seguridad de sus ciudadanos.

La cifra definitiva de víctimas todavía puede aumentar. Mientras aparecen cadáveres y familiares continúan buscando a sus desaparecidos, Haití vuelve a colocarse frente al mismo abismo, frente a un Estado que promete recuperar el control y organizaciones criminales que continúan desafiándolo.

Haití no necesita otra declaración de guerra contra las bandas. Necesita que el Estado tenga la fuerza real para cumplirla.

Y mientras el Gobierno de transición de Haití habla de elecciones y busca recursos para organizarlas, la población continúa pagando con sangre el precio del avance de los grupos criminales.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿Podrán celebrarse elecciones en medio del crimen, el terror y el control territorial de las bandas?

Porque una elección no se sostiene únicamente con urnas, papeletas y discursos. Se necesita seguridad para votar, candidatos que puedan hacer campaña y ciudadanos que puedan salir de sus casas sin preguntarse si regresarán vivos.

Y vamos al caso de los 271 kilos de droga decomisados en Haina. Ese caso recuerda, inevitablemente, a lo ocurrido en La Mulata. ¿Lo recuerdan?

En aquella ocasión tuvo que llegar otro gobierno para desenredar el caso, a partir de gestiones vinculadas al Gobierno alemán. Fue una investigación profunda, encabezada por un oficial con fama de investigador meticuloso y decidido. Que actuó sin temor y con mano de hierro.

Al final, se logró reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades. 

Ahora surge una pregunta incómoda: ¿Tendremos que esperar un cambio de Gobierno para saber quiénes están detrás de los 271 kilos de polvo blanco y quiénes fueron sus posibles cómplices?

No estamos diciendo que alguien sea culpable. Estamos preguntando. Porque el caso sigue bajo investigación y, hasta ahora, muchas preguntas permanecen sin respuestas públicas convincentes. 

Y cuando un expediente de esta naturaleza entra en una zona de silencio, comienzan las especulaciones.

Este caso es “pesao”. Y parece ser de grandes ligas. Por eso, mejor dejémoslo ahí por ahora.

Pero que nadie se equivoque: los expedientes no desaparecen porque dejemos de hablar de ellos.

Y tenemos otra… Con ese caso, hasta al Tío Sam le tocaron por primera vez. Y, aparentemente, el bateador se embasó. ¿Es o no es así, general Cruz Cruz?