¡Cruz Cruz cayó! Pero ahora vienen las preguntas que nadie quiere contestar

Dos expedientes, caso Haina y Plan Piloto: demasiadas interrogantes para enterrarlas con un cambio de mando.
Buenos días…
Dos casos parecen haber pesado en la salida del mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz, de la Dirección General de la Policía Nacional. Y ojo con estas informaciones, porque aquí hay preguntas que no pueden quedarse flotando en el aire.
Una cosa debe quedar clara: ser director de la Policía no convierte a nadie en intocable ni lo coloca por encima del escrutinio público. Si existen señalamientos, auditorías o actuaciones cuestionables, corresponde investigarlos y establecer responsabilidades, sin importar el rango.
Hay dos auditorías al Hospital Docente de la Policía Nacional, correspondiente al período de enero de 2015 a abril de 2018. Léanla. Revisen sus conclusiones. Ahí puede estar parte del detalle que muchos quieren pasar por debajo de la mesa.
¡Véanla… ahí está el detalle!
Pero vamos a los dos casos que han vuelto a poner a Cruz Cruz bajo la lupa.
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El primer caso tiene como escenario el Plan Piloto. De acuerdo con informaciones que han circulado, allí habría sido desmantelado un negocio que supuestamente generaba alrededor de RD$30 millones mensuales.
Esto no está confirmado, por lo que no estamos dando el señalamiento como un hecho. Pero precisamente por la gravedad de la versión, las autoridades deben investigarlo a fondo y con absoluta transparencia.
Si esa versión es cierta, las preguntas son sencillas y contundentes: ¿Qué se movía realmente allí? ¿Existía ese supuesto negocio? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿De dónde salían esos millones? ¿O simplemente se trata de un rumor sin fundamento?
El pueblo no necesita rumores: necesita respuestas. Y, sobre todo, necesita conocer la verdad. Eso merece una investigación seria, no un simple cambio de escritorio.
El segundo caso ocurrió en Haina. Sí, como lo oyen, en Haina.
Cuando ese caso explotó, Cruz Cruz habría tomado el asunto por los cuernos y, según las informaciones recibidas, lo remitió a la Procuraduría General de la República.
Pero si el expediente fue archivado, como se afirma, entonces hay que preguntar: ¿por qué se archivó?, ¿quién lo archivó?, ¿qué encontró la investigación y qué quedó pendiente? Porque un archivo no puede convertirse en una tumba para las preguntas.
Y ya que hablamos de Haina, hay otro asunto que continúa oliendo mal: el supuesto tumbe de 271 kilos de cocaína que habría ocurrido en esa zona.
Ese caso provocó, según las informaciones divulgadas en medios y reses, unas 40 suspensiones de oficiales, incluidos generales y varios coroneles, además de una serie de cambios “al vapor”, imprevistos y de urgencia dentro de la Policía Nacional. ¿Lo recuerdan?
Entre esos movimientos estuvieron involucradas las direcciones regionales de San Cristóbal y Santo Domingo Este, cuyos directores, ambos generales, fueron sustituidos, dejados sin funciones y suspendidos.
Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿en qué terminó aquello? Porque si hubo un tumbe de droga, suspensiones masivas y movimientos de oficiales, la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió, quiénes fueron investigados y cuáles fueron las consecuencias.
Y hablando de San Cristóbal, el actual director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, tiene una oportunidad de oro para demostrar que la cacareada reforma policial no es solo discurso.
Debe investigar y aclarar la versión de que Cruz Cruz habría designado a un general, supuestamente ascendido sin los méritos correspondientes, como director jurídico de la Policía Nacional sin ser abogado. Si eso fuera cierto, estaríamos ante un asunto sumamente grave que requiere explicación.
Porque poner a alguien sin formación jurídica al frente de una dirección jurídica sería tan absurdo como poner a un ingeniero a dirigir el servicio médico de un hospital.
Aquí no caben amigos, favores ni silencios: que hablen los documentos.
Y hay otra pregunta que dejamos sobre la mesa para complacer a un amigo lector de ¡Cógelo, Picante!
Se nos dice que para ser rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) se requiere ser profesional y tener una maestría. Entonces preguntamos: ¿el general Juan Hilario Guzmán Badía tiene maestría? Si la tiene, que se muestre y se acabó la discusión.
Y si no la tiene, entonces corresponde explicar cómo llegó a ocupar esa posición y si cumple con los requisitos establecidos. Porque si la reforma policial pretende profesionalizar la institución, no puede comenzar haciendo excepciones, precisamente donde debería existir mayor rigor académico. Y ojo, hasta que se demuestre lo contrario, esa designación viola la Ley 590-16, en su artículo 44. Y punto.
Hay otro fenómeno que merece una mirada mucho más profunda. En algunos operativos antidrogas realizados en alta mar, cuando las autoridades dominicanas interceptan embarcaciones, los presuntos narcotraficantes casi siempre, logran internarse en zonas boscosas y abandonar la droga. Y al final, aparece la droga, pero desaparecen los narcos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que en operaciones de tanta importancia se pierda precisamente a quienes transportaban el cargamento?
Sin embargo, cuando en esos operativos participan autoridades estadounidenses, el resultado suele ser distinto: aparecen detenidos y aparece la droga.
El ejemplo más reciente es el operativo realizado en la zona sur del país, en el que también participó una tercera fuerza: la fuerza de tarea de Colombia. El resultado: alrededor de 1.3 toneladas de droga incautadas.
Entonces, sin acusar a nadie y sin fabricar culpables, hay una pregunta que debe responderse: ¿Qué hacen diferente los extranjeros para que los narcos no se les escapen?
Porque si las autoridades quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, no basta con cambiar al director. Hay que cambiar las respuestas.



