¿Conducir tiene fecha de vencimiento según la edad?

Por Margarita de la Rosa

La denuncia pública realizada por el magistrado José Alejandro Vargas sobre la supuesta discriminación sufrida al renovar su licencia de conducir ha abierto un debate que toca a miles de personas en silencio: el trato que reciben los adultos mayores cuando acuden a realizar trámites públicos.

Y lo escribo también desde una experiencia personal.

Recientemente acudí a renovar mi licencia de conducir y fui sorprendida con una medida que sentí injusta y discriminatoria: solo me otorgaron la renovación por dos años, exclusivamente por razón de edad.

No hubo una explicación convincente más allá de ese criterio. Y como yo, muchas otras personas descubren de repente que su licencia ya no tendrá la misma vigencia de antes, aun conservando plenas capacidades físicas y mentales para conducir responsablemente.

Ahí surge entonces la gran pregunta: ¿se está evaluando realmente la capacidad para manejar o simplemente se está aplicando un criterio automático basado en los años cumplidos?

Nadie discute la importancia de la seguridad vial ni la necesidad de controles médicos adecuados.

Todo conductor debe reunir condiciones físicas y mentales apropiadas. Pero también es cierto que la edad, por sí sola, no determina responsabilidad, prudencia ni capacidad de reacción.

De hecho, basta observar las estadísticas de accidentes y el comportamiento temerario frecuente en muchos conductores jóvenes para entender que el problema no puede reducirse únicamente a la edad.

Muchos adultos mayores conducen con mayor cautela, experiencia y respeto por las normas que personas mucho más jóvenes.

El problema no es la evaluación médica. El problema surge cuando las decisiones parecen partir de prejuicios automáticos y no de valoraciones individuales objetivas.

Resulta doloroso que personas que han pasado décadas trabajando, aportando a la sociedad y conduciendo responsablemente, terminen sintiendo que el simple hecho de envejecer les reduce derechos y les coloca bajo sospecha.

El envejecimiento no debería convertirse en un castigo administrativo.

Una sociedad verdaderamente justa protege la seguridad colectiva, sí, pero también respeta la dignidad y los derechos de quienes llegan a la tercera edad.

La denuncia del magistrado José Alejandro Vargas merece abrir una reflexión nacional seria, porque detrás de ese caso hay miles de ciudadanos que probablemente han vivido experiencias similares y nunca lo dijeron públicamente.

Y hoy, desde mi propia experiencia, me sumo a esa conversación.