Por Rebeca Henríquez

Presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global

La Fundación Derechos Humanos Global manifiesta su más profunda preocupación y exige un seguimiento estricto e independiente ante la escalada de presuntas irregularidades en los patronatos de salud, las cuales afectan de manera cruel a los pacientes más vulnerables.

La situación es alarmante y parece repetirse con preocupante frecuencia. Primero ocurrió en San Francisco de Macorís, con el caso investigado el año pasado en el Patronato del Nordeste Contra el Cáncer; luego surgieron denuncias en Santiago y, ahora, la medida de coerción presentada por el Ministerio Público ha revelado un presunto fraude de grandes dimensiones en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

En este último caso, se acusa a los implicados de suministrar dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia a pacientes con cáncer, mientras se facturaba el tratamiento completo al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según el expediente, la modalidad utilizada era tan simple como indignante: los investigados presuntamente dividían un solo frasco de quimioterapia entre dos pacientes, pero cobraban a Senasa un frasco completo por cada uno, obteniendo así un pago duplicado por una única dosis dispensada. Esto no constituye únicamente un fraude económico; representa una conducta que pone en riesgo la vida de personas que luchan diariamente por sobrevivir.

La medida de coerción también señala que los implicados presuntamente comercializaban medicamentos donados, incluidas quimioterapias de alto costo, una práctica que vulnera la confianza pública y los acuerdos de cooperación internacional. Más grave aún, los medicamentos que no podían ser comercializados eran dejados expirar, una conducta que el órgano acusador considera ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos que enfrentan enfermedades tan devastadoras como el cáncer.

Como suele ocurrir, las consecuencias recaen sobre los más vulnerables: los pacientes y sus familias terminan pagando el precio de las presuntas malas prácticas, la falta de supervisión y la corrupción estructural. Ver a personas vinculadas a estos procesos continuar ocupando posiciones de responsabilidad dentro del sistema de salud constituye una señal preocupante y un llamado de atención para las autoridades competentes.

Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a los organismos de control y a la sociedad civil para que actúen con firmeza:

1. Exigimos una vigilancia rigurosa en todos los patronatos de salud y centros médicos, mediante la revisión exhaustiva de sus procesos administrativos, financieros y asistenciales.
2. Demandamos la publicación de los resultados de todas las investigaciones, a fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
3. Reclamamos medidas de protección para pacientes, denunciantes y testigos, con el propósito de evitar cualquier tipo de represalia.

Asimismo, la decisión del Ministerio de Salud Pública de asignar a algunos directivos del área oncológica de la provincia Duarte la supervisión del nuevo Hospital Regional Ángel María Gastón genera preocupación. Esperamos que esta medida no propicie la repetición de prácticas cuestionables y que dicho centro se convierta en un símbolo de esperanza, transparencia y servicio, y no en la continuidad de viejos esquemas de impunidad.

Desde nuestra labor institucional exigimos transparencia total, rendición de cuentas y mecanismos de control verdaderamente independientes. Los recursos destinados a la salud son sagrados: deben utilizarse para salvar vidas y garantizar una atención digna y de calidad, nunca para favorecer intereses particulares.

Que las experiencias del pasado sirvan de lección para que jamás se repitan historias de corrupción, impunidad y abandono contra quienes más necesitan protección y cuidado.